La desvergüenza abunda, sí. Domina. Y es común a toda la casta política del juancarlismo; una casta endogámica y parasitaria, pero sin valor, pureza ni trapío. Casta descastada.
Razón tienen los vecinos del concejo de Gijón, de las parroquias rurales, en acusar de desvergüenza a la llamada oposición. Una oposición que, en realidad, no se opone a nada malo: el bloque PSOE+IU cedió el turno al bloque PP+PPbis (FAC), lampedusianamente. Nada ha cambiado. Si acaso, los del Foro Álvarez-Cascos, en su versión local del moriyonato, dan tantos palos de ciego como su capo dio (en las espaldas de los asturianos) durante su breve taifa autonómica. Piñata irresponsable que evoca los disparates de Churruca y su troupe, aunque los de ahora anden un poco mejor vestidos.
Cedemos la palabra a los vecinos de la zona rural, vía La Nueva España (que no se distingue por lo bien que recoge la información; aunque al lado del Correo de Benavente, alias El Comercio, La Nueva España sea la Vulgata de San Jerónimo):
Un año después de la anulación del Plan General
El Colectivo de Vega advierte de que «impugnaremos el PGO como lo hicimos antes si Foro no lo ajusta a la legalidad»
Miriam SUÁREZ
«Lo que hemos visto este año es la insultante desvergüenza de quienes metieron la pata con el Plan General, que siguen sin asumir sus culpas». La frase, formulada por el Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural, va dirigida al anterior gobierno socialista, que en coalición con IU tramitó y aprobó el planeamiento urbanístico anulado por los tribunales en febrero de 2013. Ahora, desde la oposición y con Foro en la Alcaldía, califican de desastrosa la gestión municipal en materia de urbanismo. Y los miembros del colectivo se enervan: «Ahí siguen, empecinados en su plan anulado y manteniéndose unidos a los constructores».
Los vecinos de la zona rural, en su primera «marcha verde». Ángel González
Suyo es el contencioso que dio lugar a la anulación del Plan General de Ordenación (PGO). El Tribunal Superior de Justicia de Asturias consideró que, tal como denunciaba el Colectivo de Vega, se habían producido irregularidades en el proceso de información pública previo a la aprobación del PGO. El viernes, al cumplirse justo un año de la sentencia de la anulación, PSOE, IU y PP cargaban contra el gobierno local por «su pasividad» ante la compleja situación urbanística del municipio.
El balance que hace la zona rural es muy distinto. «Por primera vez oímos dentro del Ayuntamiento que el plan hay que ajustarlo a la realidad y a la legalidad», señalan portavoces del Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural, aplaudiendo así la decisión del gobierno forista de revisar el PGO de principio a fin. Los trabajos de revisión todavía no han comenzado. Sólo la redacción del documento de prioridades, médula espinal del futuro planeamiento urbanístico de la ciudad, llevará cuatro meses.
Frente a las críticas de la oposición, Foro sostiene que ésta es la única forma de resolver la incertidumbre del urbanismo gijonés con todas las garantías jurídicas. El Colectivo en Defensa del Medio Rural entiende también que «estas tramitaciones, para hacerlas bien, llevan su tiempo. Pedro Sanjurjo -anterior concejal de Urbanismo- corrió mucho para presentar un «plan récord» y, al final, obtuvo un récord: el de su anulación».
El documento se aprobó en mayo de 2011. Un año y diez meses después era invalidado por el alto tribunal asturiano. Pero el Colectivo de Vega viene combatiendo la política urbanística de los socialistas desde que en 2003 anunciaron un Plan General que recalificaba varias bolsas de suelo rústico para la construcción de miles de viviendas. Los vecinos de la zona rural se echaron a la calle. El pasado 7 de febrero se cumplieron diez años de la primera de sus tres «marchas verdes».
«Se lo advertimos de todas las formas posibles y metieron la pata no una, sino dos veces», recuerdan los portavoces de un colectivo ciudadano que participó activamente en esas movilizaciones multitudinarias. El PGO de Gijón llevó otro varapalo judicial en 2009. Y nuevamente fueron contenciosos promovidos desde la zona rural los que pusieron en un brete a los entonces responsables del urbanismo municipal.
Eso no significa, puntualiza el Colectivo de Vega, que sus miembros estén cómodos con la situación generada ni que lancen las campanas al vuelo ante la revisión urbanística que acometerá Foro. «Cómo vamos a estar a gusto con lo que ha pasado. Nosotros deseamos más que nadie que esto se solucione. Lo que no quiere decir que pensemos que a la tercera irá la vencida», afirman. «Por eso vamos a permanecer vigilantes para que el Plan General cumpla la legalidad y se ajuste a las verdaderas necesidades de vivienda de la ciudad», exponen. Y si el gobierno forista no acierta, «impugnaremos el PGO como ya lo hicimos antes», sentencia el colectivo.
Completamente de acuerdo, salvo en una cosa: en poner esperanzas en el moriyonato. El Foro Asturias de Ciudadanos (Foro Álvarez-Cascos, PP bis) toca de oído e improvisa mal, pero improvisa continuamente. Y quedó bien clara su disposición a salvar todo lo judicialmente salvable del nefando Plan General de Ordenación que heredaron, en beneficio de especuladores; que con éstos compadrean y comadrean tanto como la otra parte del PPSOE+IU+etc. Las hemerotecas están por ahí para probar este aserto (aserto, que no sentencia, señorita Suárez).
M. S.
Cada vez que se habla de la situación urbanística del concejo los partidos de la oposición sacan a relucir las reclamaciones patrimoniales derivadas de la anulación del PGO. Tras la sentencia invalidatoria, pidieron indemnizaciones a la Administración veintidós constructores, sociedades promotoras y particulares. Pretenden que se les compense, con cantidades multimillonarias, por los gastos ya realizados en la gestión de las operaciones urbanísticas que han quedado en punto muerto.
«Están glayando y amenazando con reclamaciones, porque se les acabó el chollu del boom inmobiliario. Pero si no tuvieron visión de futuro, no tenemos por qué pagarlo los ciudadanos», replica el Colectivo en Defensa del Medio Rural, que también tiene algo que decir a los políticos que piden oxígeno para el sector de la construcción, especialmente al PSOE: «Si hubiese lugar a indemnizaciones, que lo dudamos, los responsables son ellos, que aprobaron el plan anulado, con el agravante de que se lo advertimos».
La cuestión es que la patronal de la construcción avisaba hace unos días de que están por venir «muchas más reclamaciones», como consecuencia de la revisión que prepara Foro. Advierten, además, de que la postura urbanística del gobierno local aboca al sector a una crisis perpetua, con lo que eso conlleva para la economía gijonesa y el empleo. Y en eso los trabajadores de la construcción se han puesto del lado de las empresas.
La patronal de la construcción es una de las peores mafias (o familias de la única mafia) que padece Asturias. El modelo de falso crecimiento basado en el ladrillo sólo ha traído devastación y dificultades sin cuento. Es comprensible la incomodidad de los trabajadores que hayan perdido sus empleos; pero esos empleos en la construcción nunca debieron ser tantos, ni pueden sostenerse contra el bien común y a costa de injusticias y atropellos.
Ojo a Foro & Cía. Sólo esperan la ocasión para registrar, una vez más, su homologación con el resto de la casta. La casta desvergonzada y descastada que lleva décadas saqueando y devastando concejo, región y Patria.
Voluntad 