Archivo de la etiqueta: principado

El tren en Asturias: como en Andalucía, pero aún peor

Números cantan, dicen. Este cartel andaluz lo deja bien claro.

En Asturias ni siquiera se espera (en serio) la mal llamada alta velocidad. Lo cual es una bendición, en realidad: es cara, innecesaria y contraproducente. Y ha sido la excusa para el desmantelamiento de la red ferroviaria española.

Pero tampoco se espera (en serio) que mejoren el tren convencional, las cercanías, la antigua FEVE… Ni que nos devuelvan una estación decente en el centro de Gijón, ni que las taquillas estén abiertas y operativas, ni que las tarifas sean razonables…

Ni lucha contra la contaminación, ni esfuerzos para fijar población, ni nada que intente (en serio) hacer más llevadera la existencia de los asturianos.

El ferrocarril como síntoma, causa y efecto.

Deja un comentario

Archivado bajo 02.- Gijón, 03.- Comarca, 05.- España, Carreño, Justicia social, Medio ambiente, Política local

¿Da vergüenza ser asturiano hoy?


Un propio de Voluntad va hoy a felicitar el santo a su abuelo, que se llama Andrés.

— Güelo, ¿por qué hables tan raro?

— Así, cuando me pregunten de dónde soy, digo que extremeño.

— Quita, ho. Pero si tenemos a los antepasados enterrados en el Monte Areo.

— Chavalín, ya no ye como antes. Los asturianos conocidos eren Pelayo, Pedro Menéndez de Avilés, Campomanes, Jovellanos, Vázquez de Mella… Ahora son esi mariposón del Rodrigo Cuevas, la Adriana Lastra, Adrián Barbón. Así que yo, de Cáceres.

Deja un comentario

Archivado bajo 02.- Gijón, 03.- Comarca, 05.- España, Carreño, Política local

¿Estado de derecho? Legalidades, ilegalidades, constituciones…

Las Leyes Fundamentales que precedieron a la Constitución de 1978

Volvemos a ampliar el horizonte de Voluntad, mirando a la actualidad nacional. No es que en Gijón, Carreño o Villaviciosa no sepamos de conculcaciones de la legalidad por parte de ayuntamientos y gobierno autónomo. Son constantes. Pero un artículo aparecido en El Confidencial Digital ha llamado nuestra atención (negritas nuestras):

Grave vulneración del Estado de Derecho en la exhumación de Franco

La decisión de Pedro Sánchez de llevar a efecto las obras de exhumación del General Franco supone una grave transgresión del Estado de Derecho.

Pese a que se pase de soslayo sobre ello, la existencia del Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Madrid, suspendiendo la ejecución del acto que dispone la ejecución de tales obras de exhumación, impide jurídicamente que las mismas se lleven a efecto hasta tanto dicha medida sea dejada sin efecto, por el propio titular del referido Juzgado o sea revocada en vía de recurso por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, órgano al que le corresponde conocer del recurso de apelación que pudiera interponerse frente al citado Auto.

La realidad es que este Auto judicial no ha sido afectado, ni ha podido jurídicamente serlo, por las diversas resoluciones pronunciadas por el Tribunal Supremo, y ello por diversas razones:

1º.- Porque el Auto judicial ha sido dictado en un procedimiento donde se están ventilando cuestiones jurídicas —las concernientes a la legalidad de la decisión municipal habilitante para la ejecución de las obras— que, de una parte, corresponden a la competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, y, de otra parte, e independientemente de lo anterior, porque dichas cuestiones no le han sido planteadas al Tribunal Supremo, que queda limitado en sus resoluciones a las cuestiones que en el debate procesal han planteado las partes, sin poder excederse sobre las mismas.

2º.- Porque el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Madrid, que goza de la independencia que le otorgan —como a todo órgano judicial— los artículos 117 de la Constitución y 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no puede ser desautorizado en sus resoluciones, ni por el Tribunal Supremo, ni por ningún otro órgano judicial, sin perjuicio de que tales resoluciones, eso sí, puedan ser impugnadas a través de los recursos legalmente previstos en la Ley, y revocadas o anuladas si el Tribunal Superior que ha de conocer de tales recursos estima que las mismas incurren en infracción del Ordenamiento Jurídico.

3º.- Relacionado con lo anterior, porque aún en el supuesto de que el Tribunal Supremo estimase que el Juzgado de lo Contencioso no es competente para conocer respecto de las decisiones municipales adoptadas en relación con las obras de exhumación, y que dicha competencia corresponde al propio Tribunal Supremo —lo que no es el caso—, tampoco podría desautorizar al Juez en una de sus resoluciones, sino que tendría que seguir el procedimiento que a tal efecto impone el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al regular las denominadas «cuestiones de competencia», siguiendo el correspondiente procedimiento, con el trámite, entre otros de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo de diez días.

4º.- porque el Auto de suspensión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo produce los propios efectos de toda resolución judicial, que es exactamente la misma que la de las resoluciones del Tribunal Supremo; esto es, la de obligar a todos, y por supuesto también al Gobierno, a respetarla, conforme impone el artículo 118 de la Constitución.

Por lo tanto, mientras el tan referido Auto judicial de suspensión mantenga su vigencia, el Gobierno no puede —ni por ello debe—, realizar obra alguna tendente a la exhumación de los restos del General Franco.

Tumba de Franco

Junto a este argumento, existe otro de no menor transcendencia jurídica. Tanto el Tribunal Constitucional, como el Tribunal Supremo —y, por supuesto, también los Tribunales Superiores de Justicia—, han manifestado que el derecho a la tutela cautelar resultante de una petición en tal sentido forma parte integrante el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución. Es por ello que en dichos pronunciamientos, se viene sosteniendo que una vez solicitada la medida cautelar, la Administración no puede llevar a sus últimos efectos la ejecutividad del acto recurrido y cuya suspensión se ha sometido a la consideración del correspondiente órgano, debiendo esperar hasta que dicho órgano se pronunciase acerca de la medida cautelar que le ha sido solicitada.

Si la familia del General Franco ha formulado ya recurso de amparo, con solicitud de medida cautelarísima de suspensión, el Gobierno queda obligado, en virtud de la referida doctrina, constitucional y jurisprudencial, a esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre tal medida cautelar.

Por último, no puede pasarse tampoco por alto el anuncio en la Asamblea de Madrid de la proposición presentada a dicha Asamblea, por estimar que se ha producido por parte del Gobierno una extralimitación al invadirse con su actuación competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Madrid.

La regulación que establece el Real Decreto-Ley 10/2018, en lo que se refiere a sanidad mortuoria, y al procedimiento que arbitra para llevar a efecto la exhumación, es una intromisión en las competencias autonómicas. El Gobierno del Estado se ha extralimitado en este punto, incurriendo en arbitrariedad, al ampararse en unos títulos competenciales que le son atribuidos por la Constitución para una finalidad muy distinta.

El procedimiento de exhumación de un cadáver excede del ámbito competencial propio reservado a las «bases y coordinación de la sanidad» (art. 149.1. 16ª de la Constitución), por lo que también por este motivo el Estado está invadiendo una competencia que corresponde a la Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene regulado dicho procedimiento, con indicación de las personas legitimadas para instarlo, exigiendo la solicitud de algún familiar (art. 26.4 del Decreto 124/1997, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid).

Por todo lo anterior, los actos de exhumación del General Franco comportan una grave transgresión de nuestro Ordenamiento Jurídico.

Este Gobierno con la exhumación del General Franco está vulnerando el Estado de Derecho de una manera flagrante y además lo está haciendo de una forma consciente y deliberada.

Esta inmolación del Imperio de la Ley no puede continuar más en España. El actual Gobierno en funciones debe cesar en su desobediencia al Estado de Derecho pues de lo contrario será reo de sus abusos y arbitrariedades, y sobre todo responsable de la pérdida de confianza en el Sistema Legal que se está generando entre la población, porque por lo descrito, los incumplimientos legales que se están causando son galopantes y desenfrenados, y más que como un Jefe de Gobierno, su titular en funciones está actuando como un enemigo de la Paz y del Derecho.

Apelo a la fuerza pública a la que se va a comprometer con obligar por la fuerza a la exhumación a que considere, a la luz de los sólidos argumentos jurídicos aquí expuestos, hasta qué punto el propio Gobierno ha abandonado la senda de la Ley y se está desplazando por la vía de la arbitrariedad y la falta de respeto al Estado de Derecho.

Un funcionario público no está obligado a cumplir una orden que no respete la Ley.

Como dice el Tribunal Supremo, en un sistema democrático, no cabe la exención de responsabilidad «por razón de la obediencia debida», ya que «el sistema legalmente establecido obliga al no cumplimiento de una orden que constituya delito o infrinja el ordenamiento jurídico».

Si Pedro Sánchez quiere exhumar ilegalmente al General Franco, que vaya él al Valle de los Caídos y que lo haga él en persona y que no comprometa a los servidores públicos, que están para servir al Pueblo y no para cargar sobre ellos el estigma de tarea tan desagradable y perjudicial para su honor.

Guillermo Rocafort
Jurista e Historiador

Hasta aquí el artículo. Tras su lectura resulta inevitable preguntarse: ¿hay Estado de Derecho en España? ¿Es legal la Constitución de 1978? ¿Es legal la actual legalidad, si nos permiten el juego de palabras?

Contra el Alzamiento Nacional de 1936 suele invocarse la presunta legalidad del Gobierno del Frente Popular. Aparte de que éste había conculcado la legalidad republicana y se había encaramado al poder sin un recuento fiable en las elecciones de febrero de aquel año, los partidos políticos que lo integraban se encargaron de demostrar la ruptura constitucional con gestos tan significativos como el asesinato, a manos de sus milicias, de magistrados del Tribunal de Garantías Constitucionales y del Tribunal Supremo de la República (el asturiano Jesús Arias de Velasco, por ejemplo, fusilado junto a un hijo y una hija).

Pero es que además la Segunda República se proclamó en 1931 por un golpe de mano contra el Gobierno constitucional de entonces. Tras unas elecciones municipales, ampliamente ganadas además por las candidaturas monárquicas, pero que dieron el triunfo en las concejalías de algunas ciudades a la coalición republicana. Los republicanos, con la repentina incorporación de los socialistas (que habían apoyado al gobierno alfonsino casi hasta el último momento) se lanzaron a la calle contra el régimen constitucional de entonces. Lo que ocurrió fue que aquel farsante que algunos recuerdan como Alfonso XIII (el bisabuelo del consorte de Letizia) huyó, y se derrumbó el régimen constitucional (¡mágica palabra!) de entonces.

Ningún referéndum avaló la efímera Constitución de la Segunda República. Pero la de 1978 sí fue avalada por uno, ¿no?

La realidad es algo distinta de la versión que dan los medios y los políticos del actual régimen. También de la que dan los hijos del régimen de 1978 que ahora pretenden volverse contra él.

Había una Constitución entre la de 1931 y la de 1978: las Leyes Fundamentales. Elaboradas paulatinamente —la primera de ellas fue el Fuero del Trabajo, promulgado en 1938, en plena guerra— y mediando esos referenda a los que, a veces, tanta importancia se da. La última fue la Ley para la Reforma Política, presentada como una más de esas Leyes Fundamentales, a las que venía a completar; y que se utilizó para sustituirlas por la supuestamente vigente Constitución.

Pero, ¿fue legal esa sustitución? Veamos lo que dice un catedrático de Derecho Constitucional, nada sospechoso de franquismo, el Profesor Miguel Ayuso:

Una primera conclusión —elemental— del proceso descrito, conduce indudablemente a cuestionar la legalidad del cambio. En efecto, una reforma de la Constitución franquista no puede compadecerse con su derogación íntegra, en cuanto que fijaba explícitos límites inmanentes a su reforma en el respeto a unos principios permanentes. Pretensión quizá ingenua, pero en absoluto desusada en el panorama constitucional comparado. Dentro de pocas líneas recordaremos cómo Carl Schmitt, por ejemplo, criticó la ausencia de unas tales restricciones en la luego convertida en mítica Constitución de Weimar. Aunque también puede repararse, por no ir demasiado lejos en el recurso a la historia, en las que establecen las vigentes constituciones francesa e italiana respecto de la forma de gobierno republicana, o las cautelas de la Ley Fundamental de Bonn respecto de la tutela de los derechos fundamentales. No debería escandalizar, en consecuencia, que se hubiera pretendido extraer de la posibilidad de reforma decisiones políticas —y aun metapolíticas— capitales, tales como la confesionalidad católica del Estado, la unidad de España, la monarquía caracterizada como católica, tradicional, social y representativa, etc. Así pues, la Ley para la Reforma Política habría sido nula de pleno derecho, como nulos igualmente algunos de los actos más llamativos de la llamada transición. Singularmente, la Constitución española de 1978, de resultas, también estaría tocada de nulidad.

  • (El ágora y la pirámide. Una visión problemática de la Constitución española. Criterio Libros, Madrid, 2000, pp. 39-40).

Y hasta aquí la cita. ¿Vivimos en un estado de derecho, o en una ilegalidad constante? Lo del Valle de los Caídos apunta más bien a lo segundo. Cuarenta y un años de ficción constitucional, y sumando.

Deja un comentario

Archivado bajo 02.- Gijón, 03.- Comarca, 05.- España, 09.- Medios, Carreño, Justicia social, Política local, Villaviciosa

Este domingo es la fiesta de la Virgen de Covadonga, no el «Día de Asturias»

La Santina en San Pelayo de Caldones

Imagen de la Santina en San Pelayo de Caldones

Patrona de Asturias. Regidora Perpetua de la Villa de Gijón. Salvadora de España.

A Ella celebramos hoy, en el día que la Iglesia romana dedica a la Natividad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. La Virgen de Septiembre.

El mismo día que otras antiquísimas advocaciones marianas, como la Virgen de la Guía o la de Lugás, por citar sólo ejemplos de los concejos de Gijón y Villaviciosa.

Que no nos cuelen ese «Día de Asturias» laico, absurdo y autonómico. No nos vaya a ocurrir como con la Patrona de Gijón, la Virgen de Contrueces: pasó agosto, el día 18 (domingo siguiente a la fiesta de la Asunción este año) y casi nadie se acordó de ella.

El único Día de Asturias en Gijón es el de las carrozas, tradicional festejo veraniego de esta villa, el primer domingo de agosto. En 1975 cayó el día 3. Reportaje de VOLUNTAD publicado el martes 5 de agosto de aquel año.

El único Día de Asturias en Gijón es el de las carrozas, tradicional festejo veraniego de esta villa, el primer domingo de agosto. En 1975 cayó el día 3. Reportaje de VOLUNTAD publicado el martes 5 de agosto de aquel año.

Deja un comentario

Archivado bajo 02.- Gijón, 03.- Comarca, Política local, Villaviciosa

Y, sí, hoy es San Joaquín

San Joaquín

Hoy, dieciséis de agosto, en el calendario romano es la fiesta de San Joaquín, padre de la Santísima Virgen María, confesor. Hoy, y no el veintiséis de julio.

Hoy se celebra también la fiesta de San Roque, confesor; «el del perru».

Si es fácil de recordar: al día siguiente de la fiesta de la Asunción, la Virgen de Agosto, Nuestra Señora de Begoña.

Así que felicidades a los Juacos. (Que en Gijón decimos Juaco, y no Xuaco ni Xuacu; igual que decimos Gijón, y no «Xixón», por mucho que le fastidie a Adrián Barbón).

Deja un comentario

Archivado bajo 02.- Gijón, 03.- Comarca, 05.- España, Bablúa, Política local

Otra tarjeta postal a Santiago Apóstol

Sello 15 cts. Año Jubliar Compostelano 1937Señor Santiago:

Se te echa de menos. Más en este día de tu fiesta principal en el calendario romano, 25 de julio.

La España que tú evangelizaste, de la que eres Patrón Mayor, no te celebra.

La Asturias que descubrió tu sepulcro y proclamó tu patronazgo, no te celebra. Hay, sí, localidades que lo hacen, por ser su patrón particular; pero la región entera no lo hace.

En Gijón y su comarca te celebran algunas parroquias: Santiago de Ceares, Santiago de Albandi, Santiago de Ambás, Santiago de Peón… Pero hoy no tenemos Misa. Misa de verdad, tú ya lo entiendes.

Vuelve, Hijo del Trueno. Vuelve, Matamoros. Nos haces mucha falta.

Deja un comentario

Archivado bajo Sin categoría

No hay salida este domingo para Gijón, para Carreño ni para Villaviciosa. Ni para Asturias

Como siempre, quizá, o cada vez peor. Las candidaturas que se presentan al Parlamentín autonómico (mal llamado Junta General del Principado) dan grima o dan risa; quizá también un poco de miedo.

No es mejor el panorama de las elecciones municipales en nuestra comarca. Incluso el concejo de Carreño, que en el pasado produjo varias candidaturas independientes, se enfrenta ahora exclusivamente a las de los principales partidos y coaliciones del sistema. Lo mismo ocurre en Villaviciosa. En Gijón se presenta alguna candidatura más, pero todas partidistas y ninguna con un candidato que ofrezca solvencia o confianza.

Los propios de Voluntad nos abstendremos de votar, desde luego.

Deja un comentario

Archivado bajo 01.- Voluntad, 02.- Gijón, 03.- Comarca, Carreño, Política local, Villaviciosa