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Una vieja primera plana de Año Nuevo

Voluntad 1 de enero de 1939
Con esta primera plana de VOLUNTAD, tal día como ayer de 1939 (aquel año cayó en domingo), felicitamos el año nuevo a nuestros lectores.

Puede ampliarse (clic sobre la imagen) y leerse; merece la pena. Obsérvese también qué actual era nuestro periódico hace ochenta y un años: lo de la «mujer empoderada» no es invento reciente. De hecho, las españolas —y no digamos las asturianas— estaban empoderadísimas antes de que la nueva ola del feminismo las redujera a hombres fallidos.

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La gran familia

Pedro Mari Sánchez nos recordaba ayer en su cuenta de Twitter los 57 años del estreno de la película La gran familia (1962). Muchos de quienes la vieron entonces se veían, más o menos, retratados. Quienes la vean ahora y cuenten menos del medio siglo tendrán la impresión de que no han transcurrido cincuenta y siete años, sino varios siglos.

En este caso, el tiempo pasado fue verdaderamente mejor.

El mismo actor que nos ha servido de recordatorio nos sirve también de ejemplo de la imparable decadencia, en este caso del cine y del teatro españoles. Con encomiables excepciones, cada vez más escasas según iban pasando los años, la gran pantalla y la escena fueron en España a peor con tanto afán que para la década de mil novecientos setenta habían logrado descender a los niveles tercermundistas que entonces se saludaron como europeización y progreso. De los que —de nuevo con encomiables excepciones— no han salido.

Pedro María Sánchez se hizo famoso interpretando con siete años a Críspulo, uno de los pequeños de la gran familia Alonso. Y costaba destacar entre un reparto lleno de magníficos actores. Él siguió trabajando; pero, a pesar de su potencial, se vio atrapado en esa decadencia. Se salvan algunas producciones de televisión, alguna película… Poco más.

Imagen de la España de nuestros dolores.

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Toca repetir: apagad las luces. Es Adviento, no Navidad

No hay enlace a vídeo. Es una imagen del sonrojante publirreportaje que, so capa de noticia y agenda, dedica hoy La Nueva España al Ayuntamiento de Gijón. Si anteayer escandalizaba la unánime primera plana de todos los periódicos nacionales, dedicada a ENDESA —la empresa más contaminante de España— junto a la «cumbre del clima», ésta es su equivalencia local, dedicada a un consistorio cómplice con la contaminación del concejo, que quiere que ahorremos energía mientras ellos la derrochan fuera de lugar y de fecha.

Da igual que se celebre en Madrid la pomposa y desvergonzada «cumbre del clima». Dan igual las broncas de Greta Asperger, santa laica de los que quieren que cambiemos nuestros coches diésel. El antaño ilustre Ayuntamiento de Gijón ha vuelto a encender las luces «de Navidad» (rigurosamente laicas, eso sí).

Por eso reproducimos lo que decíamos tal día como hoy hace siete años. Cambian las alcaldesas: los vicios y la gringuización continúan.

Primer Domingo de Adviento

Ya en estas fechas (estamos en la primera semana de Adviento, además de celebrar hoy a San Pedro Crisólogo, obispo, confesor y doctor, y a Santa Bárbara, virgen y mártir, patrona de los mineros) pasear por las calles de Gijón encoge el alma. A quienes la conserven.

Como si la villa se hubiera convertido en unos grandes almacenes gringos, las luces de Navidad están ya encendidas. En plena recesión. En medio del festival de «recortes» que el PP y sus cómplices nos están regalando.

Nada tenemos en Voluntad contra la iluminación navideña. Al contrario.

Pero es que no estamos en Navidad. Estamos en Adviento. Esas luces no deben encenderse hasta la noche del 24 de diciembre. Idealmente, deberían empezar a lucir a medianoche.

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Franco en Gijón (1946)

 

Bastante asqueados con lo que está ocurriendo hoy, les dejamos el noticiario cinematográfico NODO de 3 de junio de 1946, que recoge (a partir del minuto 00:06:55) una de las numerosas visitas a Asturias de Francisco Franco Bahamonde, en loor de multitudes, durante su mandato. En esta ocasión a La Felguera, Sama de Langreo, Mieres, Avilés y (naturalmente) Gijón. Enlazamos el vídeo de la web de RTVE, para más inri.

Les proponemos un pasatiempo. Adivinen cuántos de los que aparecen en las imágenes tenían carnet del PSOE y de la UGT antes de 1937. Son numerosos.

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¿Estado de derecho? Legalidades, ilegalidades, constituciones…

Las Leyes Fundamentales que precedieron a la Constitución de 1978

Volvemos a ampliar el horizonte de Voluntad, mirando a la actualidad nacional. No es que en Gijón, Carreño o Villaviciosa no sepamos de conculcaciones de la legalidad por parte de ayuntamientos y gobierno autónomo. Son constantes. Pero un artículo aparecido en El Confidencial Digital ha llamado nuestra atención (negritas nuestras):

Grave vulneración del Estado de Derecho en la exhumación de Franco

La decisión de Pedro Sánchez de llevar a efecto las obras de exhumación del General Franco supone una grave transgresión del Estado de Derecho.

Pese a que se pase de soslayo sobre ello, la existencia del Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Madrid, suspendiendo la ejecución del acto que dispone la ejecución de tales obras de exhumación, impide jurídicamente que las mismas se lleven a efecto hasta tanto dicha medida sea dejada sin efecto, por el propio titular del referido Juzgado o sea revocada en vía de recurso por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, órgano al que le corresponde conocer del recurso de apelación que pudiera interponerse frente al citado Auto.

La realidad es que este Auto judicial no ha sido afectado, ni ha podido jurídicamente serlo, por las diversas resoluciones pronunciadas por el Tribunal Supremo, y ello por diversas razones:

1º.- Porque el Auto judicial ha sido dictado en un procedimiento donde se están ventilando cuestiones jurídicas —las concernientes a la legalidad de la decisión municipal habilitante para la ejecución de las obras— que, de una parte, corresponden a la competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, y, de otra parte, e independientemente de lo anterior, porque dichas cuestiones no le han sido planteadas al Tribunal Supremo, que queda limitado en sus resoluciones a las cuestiones que en el debate procesal han planteado las partes, sin poder excederse sobre las mismas.

2º.- Porque el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Madrid, que goza de la independencia que le otorgan —como a todo órgano judicial— los artículos 117 de la Constitución y 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no puede ser desautorizado en sus resoluciones, ni por el Tribunal Supremo, ni por ningún otro órgano judicial, sin perjuicio de que tales resoluciones, eso sí, puedan ser impugnadas a través de los recursos legalmente previstos en la Ley, y revocadas o anuladas si el Tribunal Superior que ha de conocer de tales recursos estima que las mismas incurren en infracción del Ordenamiento Jurídico.

3º.- Relacionado con lo anterior, porque aún en el supuesto de que el Tribunal Supremo estimase que el Juzgado de lo Contencioso no es competente para conocer respecto de las decisiones municipales adoptadas en relación con las obras de exhumación, y que dicha competencia corresponde al propio Tribunal Supremo —lo que no es el caso—, tampoco podría desautorizar al Juez en una de sus resoluciones, sino que tendría que seguir el procedimiento que a tal efecto impone el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al regular las denominadas «cuestiones de competencia», siguiendo el correspondiente procedimiento, con el trámite, entre otros de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo de diez días.

4º.- porque el Auto de suspensión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo produce los propios efectos de toda resolución judicial, que es exactamente la misma que la de las resoluciones del Tribunal Supremo; esto es, la de obligar a todos, y por supuesto también al Gobierno, a respetarla, conforme impone el artículo 118 de la Constitución.

Por lo tanto, mientras el tan referido Auto judicial de suspensión mantenga su vigencia, el Gobierno no puede —ni por ello debe—, realizar obra alguna tendente a la exhumación de los restos del General Franco.

Tumba de Franco

Junto a este argumento, existe otro de no menor transcendencia jurídica. Tanto el Tribunal Constitucional, como el Tribunal Supremo —y, por supuesto, también los Tribunales Superiores de Justicia—, han manifestado que el derecho a la tutela cautelar resultante de una petición en tal sentido forma parte integrante el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución. Es por ello que en dichos pronunciamientos, se viene sosteniendo que una vez solicitada la medida cautelar, la Administración no puede llevar a sus últimos efectos la ejecutividad del acto recurrido y cuya suspensión se ha sometido a la consideración del correspondiente órgano, debiendo esperar hasta que dicho órgano se pronunciase acerca de la medida cautelar que le ha sido solicitada.

Si la familia del General Franco ha formulado ya recurso de amparo, con solicitud de medida cautelarísima de suspensión, el Gobierno queda obligado, en virtud de la referida doctrina, constitucional y jurisprudencial, a esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre tal medida cautelar.

Por último, no puede pasarse tampoco por alto el anuncio en la Asamblea de Madrid de la proposición presentada a dicha Asamblea, por estimar que se ha producido por parte del Gobierno una extralimitación al invadirse con su actuación competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Madrid.

La regulación que establece el Real Decreto-Ley 10/2018, en lo que se refiere a sanidad mortuoria, y al procedimiento que arbitra para llevar a efecto la exhumación, es una intromisión en las competencias autonómicas. El Gobierno del Estado se ha extralimitado en este punto, incurriendo en arbitrariedad, al ampararse en unos títulos competenciales que le son atribuidos por la Constitución para una finalidad muy distinta.

El procedimiento de exhumación de un cadáver excede del ámbito competencial propio reservado a las «bases y coordinación de la sanidad» (art. 149.1. 16ª de la Constitución), por lo que también por este motivo el Estado está invadiendo una competencia que corresponde a la Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene regulado dicho procedimiento, con indicación de las personas legitimadas para instarlo, exigiendo la solicitud de algún familiar (art. 26.4 del Decreto 124/1997, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid).

Por todo lo anterior, los actos de exhumación del General Franco comportan una grave transgresión de nuestro Ordenamiento Jurídico.

Este Gobierno con la exhumación del General Franco está vulnerando el Estado de Derecho de una manera flagrante y además lo está haciendo de una forma consciente y deliberada.

Esta inmolación del Imperio de la Ley no puede continuar más en España. El actual Gobierno en funciones debe cesar en su desobediencia al Estado de Derecho pues de lo contrario será reo de sus abusos y arbitrariedades, y sobre todo responsable de la pérdida de confianza en el Sistema Legal que se está generando entre la población, porque por lo descrito, los incumplimientos legales que se están causando son galopantes y desenfrenados, y más que como un Jefe de Gobierno, su titular en funciones está actuando como un enemigo de la Paz y del Derecho.

Apelo a la fuerza pública a la que se va a comprometer con obligar por la fuerza a la exhumación a que considere, a la luz de los sólidos argumentos jurídicos aquí expuestos, hasta qué punto el propio Gobierno ha abandonado la senda de la Ley y se está desplazando por la vía de la arbitrariedad y la falta de respeto al Estado de Derecho.

Un funcionario público no está obligado a cumplir una orden que no respete la Ley.

Como dice el Tribunal Supremo, en un sistema democrático, no cabe la exención de responsabilidad «por razón de la obediencia debida», ya que «el sistema legalmente establecido obliga al no cumplimiento de una orden que constituya delito o infrinja el ordenamiento jurídico».

Si Pedro Sánchez quiere exhumar ilegalmente al General Franco, que vaya él al Valle de los Caídos y que lo haga él en persona y que no comprometa a los servidores públicos, que están para servir al Pueblo y no para cargar sobre ellos el estigma de tarea tan desagradable y perjudicial para su honor.

Guillermo Rocafort
Jurista e Historiador

Hasta aquí el artículo. Tras su lectura resulta inevitable preguntarse: ¿hay Estado de Derecho en España? ¿Es legal la Constitución de 1978? ¿Es legal la actual legalidad, si nos permiten el juego de palabras?

Contra el Alzamiento Nacional de 1936 suele invocarse la presunta legalidad del Gobierno del Frente Popular. Aparte de que éste había conculcado la legalidad republicana y se había encaramado al poder sin un recuento fiable en las elecciones de febrero de aquel año, los partidos políticos que lo integraban se encargaron de demostrar la ruptura constitucional con gestos tan significativos como el asesinato, a manos de sus milicias, de magistrados del Tribunal de Garantías Constitucionales y del Tribunal Supremo de la República (el asturiano Jesús Arias de Velasco, por ejemplo, fusilado junto a un hijo y una hija).

Pero es que además la Segunda República se proclamó en 1931 por un golpe de mano contra el Gobierno constitucional de entonces. Tras unas elecciones municipales, ampliamente ganadas además por las candidaturas monárquicas, pero que dieron el triunfo en las concejalías de algunas ciudades a la coalición republicana. Los republicanos, con la repentina incorporación de los socialistas (que habían apoyado al gobierno alfonsino casi hasta el último momento) se lanzaron a la calle contra el régimen constitucional de entonces. Lo que ocurrió fue que aquel farsante que algunos recuerdan como Alfonso XIII (el bisabuelo del consorte de Letizia) huyó, y se derrumbó el régimen constitucional (¡mágica palabra!) de entonces.

Ningún referéndum avaló la efímera Constitución de la Segunda República. Pero la de 1978 sí fue avalada por uno, ¿no?

La realidad es algo distinta de la versión que dan los medios y los políticos del actual régimen. También de la que dan los hijos del régimen de 1978 que ahora pretenden volverse contra él.

Había una Constitución entre la de 1931 y la de 1978: las Leyes Fundamentales. Elaboradas paulatinamente —la primera de ellas fue el Fuero del Trabajo, promulgado en 1938, en plena guerra— y mediando esos referenda a los que, a veces, tanta importancia se da. La última fue la Ley para la Reforma Política, presentada como una más de esas Leyes Fundamentales, a las que venía a completar; y que se utilizó para sustituirlas por la supuestamente vigente Constitución.

Pero, ¿fue legal esa sustitución? Veamos lo que dice un catedrático de Derecho Constitucional, nada sospechoso de franquismo, el Profesor Miguel Ayuso:

Una primera conclusión —elemental— del proceso descrito, conduce indudablemente a cuestionar la legalidad del cambio. En efecto, una reforma de la Constitución franquista no puede compadecerse con su derogación íntegra, en cuanto que fijaba explícitos límites inmanentes a su reforma en el respeto a unos principios permanentes. Pretensión quizá ingenua, pero en absoluto desusada en el panorama constitucional comparado. Dentro de pocas líneas recordaremos cómo Carl Schmitt, por ejemplo, criticó la ausencia de unas tales restricciones en la luego convertida en mítica Constitución de Weimar. Aunque también puede repararse, por no ir demasiado lejos en el recurso a la historia, en las que establecen las vigentes constituciones francesa e italiana respecto de la forma de gobierno republicana, o las cautelas de la Ley Fundamental de Bonn respecto de la tutela de los derechos fundamentales. No debería escandalizar, en consecuencia, que se hubiera pretendido extraer de la posibilidad de reforma decisiones políticas —y aun metapolíticas— capitales, tales como la confesionalidad católica del Estado, la unidad de España, la monarquía caracterizada como católica, tradicional, social y representativa, etc. Así pues, la Ley para la Reforma Política habría sido nula de pleno derecho, como nulos igualmente algunos de los actos más llamativos de la llamada transición. Singularmente, la Constitución española de 1978, de resultas, también estaría tocada de nulidad.

  • (El ágora y la pirámide. Una visión problemática de la Constitución española. Criterio Libros, Madrid, 2000, pp. 39-40).

Y hasta aquí la cita. ¿Vivimos en un estado de derecho, o en una ilegalidad constante? Lo del Valle de los Caídos apunta más bien a lo segundo. Cuarenta y un años de ficción constitucional, y sumando.

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Maestros sin autoridad

Estas viñetas de 2006 se aplican perfectamente a 2019.

La situación de la enseñanza ha sido siempre una de las grandes preocupaciones de VOLUNTAD, tanto de este cuaderno de bitácora (repasen nuestras entradas y consulten nuestro Twitter para comprobarlo) como del difunto diario Voluntad al que homenajeamos.

Hablando de diarios impresos. Uno de los signos de que El Comercio empezaba su lenta agonía, hasta terminar convirtiéndose en la actual edición de Benavente para Gijón del bilbaíno Correo ex Español, fue que los domingos empezaron a vender con él, obligatoria e inseparablemente, una revistilla ajena que empezó llamándose Suplemento Semanal, más tarde El Semanal, y actualmente XL Semanal. La revistilla en cuestión era peor que el periódico, y su degeneración ha sido constante, como la de todo el grupo El Correo / Vocento.

De ese XL Semanal normalmente sólo puede salvarse la sección «Animales de compañía» del escritor Juan Manuel de Prada, quien el pasado fin de semana publicaba lo siguiente, que en VOLUNTAD suscribimos.

Maestros sin autoridad

Nuestros modernos pedabobos (perdón, pedagogos) han impuesto la figura del maestro sin autoridad; para lo cual tuvieron primero que desprestigiar y connotar peyorativamente el concepto de ‘autoridad’. Nuestra época ha logrado modelar las conciencias imponiendo que refutan la realidad; y uno de esos espejismos –quizá el más eficaz– consiste en negar el significado originario de las palabras, sustituyéndolo por un conglomerado de hojarascas ideológicas. Así, por ejemplo, de una persona investida de autoridad no decimos que sea una persona ‘autorizada’, sino ‘autoritaria’, que es tanto como decir que es impositiva, despótica, incluso arbitraria en el ejercicio de su autoridad. Cualquiera que trate hoy de reivindicar la genuina ‘autoridad’ del maestro se convierte automáticamente en sospechoso de profesar nostalgias fascistoides.

Auctoritas, en latín, es una palabra derivada del supino del verbo augere, que significa ‘acrecentar’, ‘hacer crecer’. Una persona dotada de autoridad –esto es, una persona autorizada– es aquella que nos hace crecer, que es capaz de revelarnos la realidad, ensanchando nuestra experiencia vital y los límites de nuestro conocimiento. No existe educación posible sin experiencia de autoridad: el maestro despierta en el discípulo un estímulo que lo ayuda a crecer, provoca en él una conciencia de sus limitaciones y lo acicatea en la búsqueda del conocimiento. Naturalmente, para que ese estímulo se produzca, el maestro debe ser una persona que provoque en el discípulo admiración y respeto, una persona que el discípulo reconozca como digna de emulación.

No existe un oficio tan enaltecedor como el de maestro. Y, sin embargo, es frecuente hallar entre los maestros a muchas personas desalentadas, consumidas por un sentimiento de esterilidad. Los maestros han sido despojados de su autoridad, que es tanto como si hubiesen sido despojados de su misión, puesto que la autoridad es la aportación propiamente humana del proceso educativo: no puede existir transmisión de conocimiento cuando no se reconoce autoridad en quien lo transmite. Pero nuestra época pretende que el alumno sea maestro de sí mismo, que juzgue la realidad conforme a impresiones propias, que no pueden ser sino juicios contingentes, cuando les falta el cimiento de la autoridad. Y al maestro despojado de autoridad, en condiciones laborales cada vez más precarias, se lo quiere convertir en una especie de coach o animador sociocultural, una suerte de ‘orientador’ encargado de la formación ‘transversal y psicoafectiva’ del alumno, tal como recomiendan las ordenanzas de la UNESCO: «Al cambiar la imagen del maestro –leemos en una de ellas–, de considerarlo como fuente e impartidor de conocimientos a verlo como organizador y mediador del encuentro de aprendizaje, aparecen nuevas competencias que deberán ser los componentes de la nueva función docente». De este modo, la figura del maestro pasa a ser irrelevante, sus juicios devienen tan contingentes como los de cualquier otra persona, dejan de ser los juicios de alguien que nos ayuda a crecer, de alguien que ensancha nuestra perspectiva vital. Y así, inevitablemente, el maestro deviene prescindible.

Sólo quien ha sido enriquecido por una experiencia de autoridad puede alcanzar una madurez que le permita afrontar y juzgar la realidad de forma crítica. Y es que, para ser críticos, primero necesitamos un criterio. La autoridad nos proporciona ese criterio; y es adhiriéndonos a ese criterio como luego podremos rectificarlo, completarlo, exponerlo a controversia, incluso combatirlo. Pero, al faltar la autoridad, falta el criterio; y sin criterio cualquier desarrollo de la personalidad se convierte en una carrera alocada y sin norte que nos aboca a la confusión y nos hace más permeables a las modas de cada época, a la contingencia de lo perecedero. Allá donde no hay maestros con autoridad, la transmisión de conocimientos queda aparcada, o incluso impedida; y la escuela se convierte en una especie de taller para formar ‘emprendedores’ flexibles y adaptables, entrenados en diversas ‘competencias’, ‘destrezas’ y ‘habilidades’ técnicas y emocionales que faciliten su encaje en el mercado laboral. Personas que nunca podrán ser maestros de nadie, porque antes no fueron discípulos. Sólo restableciendo la autoridad del maestro devolveremos la salud a nuestra educación. Pero para que la autoridad del maestro pueda restablecerse tendremos primero que aceptar que la primera autoridad son los padres. A los padres corresponde la responsabilidad primordial de hacer crecer a sus hijos; cuando dimiten de ella, todo el edificio educativo se erige sobre cimientos de arena.

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La Nueva España confunde a los gijoneses con moros

Como es sabido, Voluntad no sale los lunes, ni siquiera en Twitter. Por eso hemos tardado en ocuparnos de la penúltima pifia del diario ovetense (hoy en día, más bien canario; pero algunas querencias permanecen) La Nueva España. Rogamos se fijen en la secuencia que ofrecemos a continuación. Es la mar de ilustrativa.

Lunes 26 de agosto de 2019. Tuit de La Nueva España:

Lo primero que llamaba la atención es que se destacara la detención de «un gijonés» por «manosear» a una joven. Acción que, siendo asquerosa y merecedora de castigo, no parecía aproximarse a la gravedad de dos violaciones, aunque éstas se quedaran en el grado de tentativa, en las fiestas de Lugones. Más llamativo aún es que se hablara de «un gijonés» en el segundo caso, mientras que en los titulares nada se decía de la procedencia de los presuntos violadores.

Hete aquí que al acceder a la noticia completa en la web del periódico, han corregido (demasiado tarde) lo de «un gijonés». Además, leyendo el detalle de la misma (lo cual no hace hoy casi nadie) reparamos en lo siguiente sobre el caso más grave, el de Lugones:

Es decir, los dos detenidos son «magrebíes», galicismo usado en sustitución de lo que siempre hemos llamado moros. Probablemente marroquíes, aunque no se pueda descartar a los argelinos.

Dado que la inmensa mayoría de violaciones y agresiones sexuales que ocurren en España son llevadas a cabo por mahometanos, generalmente africanos, y especialmente de Marruecos y Argelia (aunque los casos de implicación de negros «subsaharianos», por usar otro barbarismo, de religión islámica o pagana, estén aumentando); y dado que no se considera «políticamente correcto» señalarlo, ¿le pareció a La Nueva España que debía señalar a «un gijonés» en los mismos titulares, para compensar?

No acaba ahí la historia. Al día siguiente desaparecería de La Nueva España ese «gijonés» del manoseo en Contrueces. Porque resulta que es extranjero, inmigrante ilegal:

Poco después se denunció en Gijón otra violación, esta vez en el llamado Parque Fluvial. Por la descripción del atacante, parece tratarse también de un extranjero.

Respecto de los frustrados violadores de Lugones, la fotografía de La Nueva España nos da buena idea de la traza «gijonesa» de los mismos:

Y es que en Gijón, sí, hay una Calle de los Moros. Recuerdo socarrón de los invasores que pasaron brevemente por aquí y fueron expulsados.

Otros tiempos, sin duda.

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