¿Estado de derecho? Legalidades, ilegalidades, constituciones…

Las Leyes Fundamentales que precedieron a la Constitución de 1978

Volvemos a ampliar el horizonte de Voluntad, mirando a la actualidad nacional. No es que en Gijón, Carreño o Villaviciosa no sepamos de conculcaciones de la legalidad por parte de ayuntamientos y gobierno autónomo. Son constantes. Pero un artículo aparecido en El Confidencial Digital ha llamado nuestra atención (negritas nuestras):

Grave vulneración del Estado de Derecho en la exhumación de Franco

La decisión de Pedro Sánchez de llevar a efecto las obras de exhumación del General Franco supone una grave transgresión del Estado de Derecho.

Pese a que se pase de soslayo sobre ello, la existencia del Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Madrid, suspendiendo la ejecución del acto que dispone la ejecución de tales obras de exhumación, impide jurídicamente que las mismas se lleven a efecto hasta tanto dicha medida sea dejada sin efecto, por el propio titular del referido Juzgado o sea revocada en vía de recurso por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, órgano al que le corresponde conocer del recurso de apelación que pudiera interponerse frente al citado Auto.

La realidad es que este Auto judicial no ha sido afectado, ni ha podido jurídicamente serlo, por las diversas resoluciones pronunciadas por el Tribunal Supremo, y ello por diversas razones:

1º.- Porque el Auto judicial ha sido dictado en un procedimiento donde se están ventilando cuestiones jurídicas —las concernientes a la legalidad de la decisión municipal habilitante para la ejecución de las obras— que, de una parte, corresponden a la competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, y, de otra parte, e independientemente de lo anterior, porque dichas cuestiones no le han sido planteadas al Tribunal Supremo, que queda limitado en sus resoluciones a las cuestiones que en el debate procesal han planteado las partes, sin poder excederse sobre las mismas.

2º.- Porque el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Madrid, que goza de la independencia que le otorgan —como a todo órgano judicial— los artículos 117 de la Constitución y 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no puede ser desautorizado en sus resoluciones, ni por el Tribunal Supremo, ni por ningún otro órgano judicial, sin perjuicio de que tales resoluciones, eso sí, puedan ser impugnadas a través de los recursos legalmente previstos en la Ley, y revocadas o anuladas si el Tribunal Superior que ha de conocer de tales recursos estima que las mismas incurren en infracción del Ordenamiento Jurídico.

3º.- Relacionado con lo anterior, porque aún en el supuesto de que el Tribunal Supremo estimase que el Juzgado de lo Contencioso no es competente para conocer respecto de las decisiones municipales adoptadas en relación con las obras de exhumación, y que dicha competencia corresponde al propio Tribunal Supremo —lo que no es el caso—, tampoco podría desautorizar al Juez en una de sus resoluciones, sino que tendría que seguir el procedimiento que a tal efecto impone el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al regular las denominadas «cuestiones de competencia», siguiendo el correspondiente procedimiento, con el trámite, entre otros de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo de diez días.

4º.- porque el Auto de suspensión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo produce los propios efectos de toda resolución judicial, que es exactamente la misma que la de las resoluciones del Tribunal Supremo; esto es, la de obligar a todos, y por supuesto también al Gobierno, a respetarla, conforme impone el artículo 118 de la Constitución.

Por lo tanto, mientras el tan referido Auto judicial de suspensión mantenga su vigencia, el Gobierno no puede —ni por ello debe—, realizar obra alguna tendente a la exhumación de los restos del General Franco.

Tumba de Franco

Junto a este argumento, existe otro de no menor transcendencia jurídica. Tanto el Tribunal Constitucional, como el Tribunal Supremo —y, por supuesto, también los Tribunales Superiores de Justicia—, han manifestado que el derecho a la tutela cautelar resultante de una petición en tal sentido forma parte integrante el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24 de la Constitución. Es por ello que en dichos pronunciamientos, se viene sosteniendo que una vez solicitada la medida cautelar, la Administración no puede llevar a sus últimos efectos la ejecutividad del acto recurrido y cuya suspensión se ha sometido a la consideración del correspondiente órgano, debiendo esperar hasta que dicho órgano se pronunciase acerca de la medida cautelar que le ha sido solicitada.

Si la familia del General Franco ha formulado ya recurso de amparo, con solicitud de medida cautelarísima de suspensión, el Gobierno queda obligado, en virtud de la referida doctrina, constitucional y jurisprudencial, a esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre tal medida cautelar.

Por último, no puede pasarse tampoco por alto el anuncio en la Asamblea de Madrid de la proposición presentada a dicha Asamblea, por estimar que se ha producido por parte del Gobierno una extralimitación al invadirse con su actuación competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Madrid.

La regulación que establece el Real Decreto-Ley 10/2018, en lo que se refiere a sanidad mortuoria, y al procedimiento que arbitra para llevar a efecto la exhumación, es una intromisión en las competencias autonómicas. El Gobierno del Estado se ha extralimitado en este punto, incurriendo en arbitrariedad, al ampararse en unos títulos competenciales que le son atribuidos por la Constitución para una finalidad muy distinta.

El procedimiento de exhumación de un cadáver excede del ámbito competencial propio reservado a las «bases y coordinación de la sanidad» (art. 149.1. 16ª de la Constitución), por lo que también por este motivo el Estado está invadiendo una competencia que corresponde a la Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene regulado dicho procedimiento, con indicación de las personas legitimadas para instarlo, exigiendo la solicitud de algún familiar (art. 26.4 del Decreto 124/1997, de 9 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid).

Por todo lo anterior, los actos de exhumación del General Franco comportan una grave transgresión de nuestro Ordenamiento Jurídico.

Este Gobierno con la exhumación del General Franco está vulnerando el Estado de Derecho de una manera flagrante y además lo está haciendo de una forma consciente y deliberada.

Esta inmolación del Imperio de la Ley no puede continuar más en España. El actual Gobierno en funciones debe cesar en su desobediencia al Estado de Derecho pues de lo contrario será reo de sus abusos y arbitrariedades, y sobre todo responsable de la pérdida de confianza en el Sistema Legal que se está generando entre la población, porque por lo descrito, los incumplimientos legales que se están causando son galopantes y desenfrenados, y más que como un Jefe de Gobierno, su titular en funciones está actuando como un enemigo de la Paz y del Derecho.

Apelo a la fuerza pública a la que se va a comprometer con obligar por la fuerza a la exhumación a que considere, a la luz de los sólidos argumentos jurídicos aquí expuestos, hasta qué punto el propio Gobierno ha abandonado la senda de la Ley y se está desplazando por la vía de la arbitrariedad y la falta de respeto al Estado de Derecho.

Un funcionario público no está obligado a cumplir una orden que no respete la Ley.

Como dice el Tribunal Supremo, en un sistema democrático, no cabe la exención de responsabilidad «por razón de la obediencia debida», ya que «el sistema legalmente establecido obliga al no cumplimiento de una orden que constituya delito o infrinja el ordenamiento jurídico».

Si Pedro Sánchez quiere exhumar ilegalmente al General Franco, que vaya él al Valle de los Caídos y que lo haga él en persona y que no comprometa a los servidores públicos, que están para servir al Pueblo y no para cargar sobre ellos el estigma de tarea tan desagradable y perjudicial para su honor.

Guillermo Rocafort
Jurista e Historiador

Hasta aquí el artículo. Tras su lectura resulta inevitable preguntarse: ¿hay Estado de Derecho en España? ¿Es legal la Constitución de 1978? ¿Es legal la actual legalidad, si nos permiten el juego de palabras?

Contra el Alzamiento Nacional de 1936 suele invocarse la presunta legalidad del Gobierno del Frente Popular. Aparte de que éste había conculcado la legalidad republicana y se había encaramado al poder sin un recuento fiable en las elecciones de febrero de aquel año, los partidos políticos que lo integraban se encargaron de demostrar la ruptura constitucional con gestos tan significativos como el asesinato, a manos de sus milicias, de magistrados del Tribunal de Garantías Constitucionales y del Tribunal Supremo de la República (el asturiano Jesús Arias de Velasco, por ejemplo, fusilado junto a un hijo y una hija).

Pero es que además la Segunda República se proclamó en 1931 por un golpe de mano contra el Gobierno constitucional de entonces. Tras unas elecciones municipales, ampliamente ganadas además por las candidaturas monárquicas, pero que dieron el triunfo en las concejalías de algunas ciudades a la coalición republicana. Los republicanos, con la repentina incorporación de los socialistas (que habían apoyado al gobierno alfonsino casi hasta el último momento) se lanzaron a la calle contra el régimen constitucional de entonces. Lo que ocurrió fue que aquel farsante que algunos recuerdan como Alfonso XIII (el bisabuelo del consorte de Letizia) huyó, y se derrumbó el régimen constitucional (¡mágica palabra!) de entonces.

Ningún referéndum avaló la efímera Constitución de la Segunda República. Pero la de 1978 sí fue avalada por uno, ¿no?

La realidad es algo distinta de la versión que dan los medios y los políticos del actual régimen. También de la que dan los hijos del régimen de 1978 que ahora pretenden volverse contra él.

Había una Constitución entre la de 1931 y la de 1978: las Leyes Fundamentales. Elaboradas paulatinamente —la primera de ellas fue el Fuero del Trabajo, promulgado en 1938, en plena guerra— y mediando esos referenda a los que, a veces, tanta importancia se da. La última fue la Ley para la Reforma Política, presentada como una más de esas Leyes Fundamentales, a las que venía a completar; y que se utilizó para sustituirlas por la supuestamente vigente Constitución.

Pero, ¿fue legal esa sustitución? Veamos lo que dice un catedrático de Derecho Constitucional, nada sospechoso de franquismo, el Profesor Miguel Ayuso:

Una primera conclusión —elemental— del proceso descrito, conduce indudablemente a cuestionar la legalidad del cambio. En efecto, una reforma de la Constitución franquista no puede compadecerse con su derogación íntegra, en cuanto que fijaba explícitos límites inmanentes a su reforma en el respeto a unos principios permanentes. Pretensión quizá ingenua, pero en absoluto desusada en el panorama constitucional comparado. Dentro de pocas líneas recordaremos cómo Carl Schmitt, por ejemplo, criticó la ausencia de unas tales restricciones en la luego convertida en mítica Constitución de Weimar. Aunque también puede repararse, por no ir demasiado lejos en el recurso a la historia, en las que establecen las vigentes constituciones francesa e italiana respecto de la forma de gobierno republicana, o las cautelas de la Ley Fundamental de Bonn respecto de la tutela de los derechos fundamentales. No debería escandalizar, en consecuencia, que se hubiera pretendido extraer de la posibilidad de reforma decisiones políticas —y aun metapolíticas— capitales, tales como la confesionalidad católica del Estado, la unidad de España, la monarquía caracterizada como católica, tradicional, social y representativa, etc. Así pues, la Ley para la Reforma Política habría sido nula de pleno derecho, como nulos igualmente algunos de los actos más llamativos de la llamada transición. Singularmente, la Constitución española de 1978, de resultas, también estaría tocada de nulidad.

  • (El ágora y la pirámide. Una visión problemática de la Constitución española. Criterio Libros, Madrid, 2000, pp. 39-40).

Y hasta aquí la cita. ¿Vivimos en un estado de derecho, o en una ilegalidad constante? Lo del Valle de los Caídos apunta más bien a lo segundo. Cuarenta y un años de ficción constitucional, y sumando.

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Día del Pilar. Voluntad de Hispanidad, y más

Una ayuda filatélica para despistados en este sábado 12 de octubre.

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Perborato dental (II)

Una de las entradas de Voluntad que mayor número de visitas sigue recibiendo es la que publicamos el 25 de marzo de 2012 acerca del perborato dental Castillo. En aquélla nos congratulábamos de que la firma catalana Aquilea continuara con la fabricación de este producto originalmente gijonés, junto con unos pocos más de los que hacía la desaparecida Farmacia Castillo, víctima de la dramática decadencia de la familia propietaria. Ya entonces nos extrañábamos de que el perborato no apareciera en el sitio web de Aquilea. Hace dos años desapareció también de las farmacias. Sin aviso ni explicación: de hecho, los farmacéuticos se extrañaban, pues había demanda del producto, y lo pedían una y otra vez.

El servicio de atención al cliente de Aquilea resultó ser más bien servicio de desatención. Tras muchos intentos, algunos interesados obtuvieron, con retraso de meses, un mensaje de correo electrónico mal redactado que comunicaba que habían dejado de fabricar el agua cutánea Castillo. Se había preguntado por el perborato, pero con la respuesta equivocada averiguamos que también este otro producto había desaparecido del mercado, sin explicación.

El caso es que a quienes prefieren el perborato para su higiene bucodental les ha quedado en el mercado español una sola opción que hayamos podido averiguar: el perborato Lema ERN.

Tanto el sitio web de los barceloneses Laboratorios ERN como el Vademécum lo presentan básicamente como un medicamento. Pero es perfectamente posible utilizarlo para la higiene dental diaria, como el resto de los perboratos que antaño teníamos disponibles.

Eso sí: su disolución y su suspensión son mucho peores que las que ofrecía el perborato dental Castillo. No hay duda de que los productos del viejo Gijón eran superiores a los barceloneses.

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Maestros sin autoridad

Estas viñetas de 2006 se aplican perfectamente a 2019.

La situación de la enseñanza ha sido siempre una de las grandes preocupaciones de VOLUNTAD, tanto de este cuaderno de bitácora (repasen nuestras entradas y consulten nuestro Twitter para comprobarlo) como del difunto diario Voluntad al que homenajeamos.

Hablando de diarios impresos. Uno de los signos de que El Comercio empezaba su lenta agonía, hasta terminar convirtiéndose en la actual edición de Benavente para Gijón del bilbaíno Correo ex Español, fue que los domingos empezaron a vender con él, obligatoria e inseparablemente, una revistilla ajena que empezó llamándose Suplemento Semanal, más tarde El Semanal, y actualmente XL Semanal. La revistilla en cuestión era peor que el periódico, y su degeneración ha sido constante, como la de todo el grupo El Correo / Vocento.

De ese XL Semanal normalmente sólo puede salvarse la sección «Animales de compañía» del escritor Juan Manuel de Prada, quien el pasado fin de semana publicaba lo siguiente, que en VOLUNTAD suscribimos.

Maestros sin autoridad

Nuestros modernos pedabobos (perdón, pedagogos) han impuesto la figura del maestro sin autoridad; para lo cual tuvieron primero que desprestigiar y connotar peyorativamente el concepto de ‘autoridad’. Nuestra época ha logrado modelar las conciencias imponiendo que refutan la realidad; y uno de esos espejismos –quizá el más eficaz– consiste en negar el significado originario de las palabras, sustituyéndolo por un conglomerado de hojarascas ideológicas. Así, por ejemplo, de una persona investida de autoridad no decimos que sea una persona ‘autorizada’, sino ‘autoritaria’, que es tanto como decir que es impositiva, despótica, incluso arbitraria en el ejercicio de su autoridad. Cualquiera que trate hoy de reivindicar la genuina ‘autoridad’ del maestro se convierte automáticamente en sospechoso de profesar nostalgias fascistoides.

Auctoritas, en latín, es una palabra derivada del supino del verbo augere, que significa ‘acrecentar’, ‘hacer crecer’. Una persona dotada de autoridad –esto es, una persona autorizada– es aquella que nos hace crecer, que es capaz de revelarnos la realidad, ensanchando nuestra experiencia vital y los límites de nuestro conocimiento. No existe educación posible sin experiencia de autoridad: el maestro despierta en el discípulo un estímulo que lo ayuda a crecer, provoca en él una conciencia de sus limitaciones y lo acicatea en la búsqueda del conocimiento. Naturalmente, para que ese estímulo se produzca, el maestro debe ser una persona que provoque en el discípulo admiración y respeto, una persona que el discípulo reconozca como digna de emulación.

No existe un oficio tan enaltecedor como el de maestro. Y, sin embargo, es frecuente hallar entre los maestros a muchas personas desalentadas, consumidas por un sentimiento de esterilidad. Los maestros han sido despojados de su autoridad, que es tanto como si hubiesen sido despojados de su misión, puesto que la autoridad es la aportación propiamente humana del proceso educativo: no puede existir transmisión de conocimiento cuando no se reconoce autoridad en quien lo transmite. Pero nuestra época pretende que el alumno sea maestro de sí mismo, que juzgue la realidad conforme a impresiones propias, que no pueden ser sino juicios contingentes, cuando les falta el cimiento de la autoridad. Y al maestro despojado de autoridad, en condiciones laborales cada vez más precarias, se lo quiere convertir en una especie de coach o animador sociocultural, una suerte de ‘orientador’ encargado de la formación ‘transversal y psicoafectiva’ del alumno, tal como recomiendan las ordenanzas de la UNESCO: «Al cambiar la imagen del maestro –leemos en una de ellas–, de considerarlo como fuente e impartidor de conocimientos a verlo como organizador y mediador del encuentro de aprendizaje, aparecen nuevas competencias que deberán ser los componentes de la nueva función docente». De este modo, la figura del maestro pasa a ser irrelevante, sus juicios devienen tan contingentes como los de cualquier otra persona, dejan de ser los juicios de alguien que nos ayuda a crecer, de alguien que ensancha nuestra perspectiva vital. Y así, inevitablemente, el maestro deviene prescindible.

Sólo quien ha sido enriquecido por una experiencia de autoridad puede alcanzar una madurez que le permita afrontar y juzgar la realidad de forma crítica. Y es que, para ser críticos, primero necesitamos un criterio. La autoridad nos proporciona ese criterio; y es adhiriéndonos a ese criterio como luego podremos rectificarlo, completarlo, exponerlo a controversia, incluso combatirlo. Pero, al faltar la autoridad, falta el criterio; y sin criterio cualquier desarrollo de la personalidad se convierte en una carrera alocada y sin norte que nos aboca a la confusión y nos hace más permeables a las modas de cada época, a la contingencia de lo perecedero. Allá donde no hay maestros con autoridad, la transmisión de conocimientos queda aparcada, o incluso impedida; y la escuela se convierte en una especie de taller para formar ‘emprendedores’ flexibles y adaptables, entrenados en diversas ‘competencias’, ‘destrezas’ y ‘habilidades’ técnicas y emocionales que faciliten su encaje en el mercado laboral. Personas que nunca podrán ser maestros de nadie, porque antes no fueron discípulos. Sólo restableciendo la autoridad del maestro devolveremos la salud a nuestra educación. Pero para que la autoridad del maestro pueda restablecerse tendremos primero que aceptar que la primera autoridad son los padres. A los padres corresponde la responsabilidad primordial de hacer crecer a sus hijos; cuando dimiten de ella, todo el edificio educativo se erige sobre cimientos de arena.

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Este domingo es la fiesta de la Virgen de Covadonga, no el «Día de Asturias»

La Santina en San Pelayo de Caldones

Imagen de la Santina en San Pelayo de Caldones

Patrona de Asturias. Regidora Perpetua de la Villa de Gijón. Salvadora de España.

A Ella celebramos hoy, en el día que la Iglesia romana dedica a la Natividad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios. La Virgen de Septiembre.

El mismo día que otras antiquísimas advocaciones marianas, como la Virgen de la Guía o la de Lugás, por citar sólo ejemplos de los concejos de Gijón y Villaviciosa.

Que no nos cuelen ese «Día de Asturias» laico, absurdo y autonómico. No nos vaya a ocurrir como con la Patrona de Gijón, la Virgen de Contrueces: pasó agosto, el día 18 (domingo siguiente a la fiesta de la Asunción este año) y casi nadie se acordó de ella.

El único Día de Asturias en Gijón es el de las carrozas, tradicional festejo veraniego de esta villa, el primer domingo de agosto. En 1975 cayó el día 3. Reportaje de VOLUNTAD publicado el martes 5 de agosto de aquel año.

El único Día de Asturias en Gijón es el de las carrozas, tradicional festejo veraniego de esta villa, el primer domingo de agosto. En 1975 cayó el día 3. Reportaje de VOLUNTAD publicado el martes 5 de agosto de aquel año.

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La Nueva España confunde a los gijoneses con moros

Como es sabido, Voluntad no sale los lunes, ni siquiera en Twitter. Por eso hemos tardado en ocuparnos de la penúltima pifia del diario ovetense (hoy en día, más bien canario; pero algunas querencias permanecen) La Nueva España. Rogamos se fijen en la secuencia que ofrecemos a continuación. Es la mar de ilustrativa.

Lunes 26 de agosto de 2019. Tuit de La Nueva España:

Lo primero que llamaba la atención es que se destacara la detención de «un gijonés» por «manosear» a una joven. Acción que, siendo asquerosa y merecedora de castigo, no parecía aproximarse a la gravedad de dos violaciones, aunque éstas se quedaran en el grado de tentativa, en las fiestas de Lugones. Más llamativo aún es que se hablara de «un gijonés» en el segundo caso, mientras que en los titulares nada se decía de la procedencia de los presuntos violadores.

Hete aquí que al acceder a la noticia completa en la web del periódico, han corregido (demasiado tarde) lo de «un gijonés». Además, leyendo el detalle de la misma (lo cual no hace hoy casi nadie) reparamos en lo siguiente sobre el caso más grave, el de Lugones:

Es decir, los dos detenidos son «magrebíes», galicismo usado en sustitución de lo que siempre hemos llamado moros. Probablemente marroquíes, aunque no se pueda descartar a los argelinos.

Dado que la inmensa mayoría de violaciones y agresiones sexuales que ocurren en España son llevadas a cabo por mahometanos, generalmente africanos, y especialmente de Marruecos y Argelia (aunque los casos de implicación de negros «subsaharianos», por usar otro barbarismo, de religión islámica o pagana, estén aumentando); y dado que no se considera «políticamente correcto» señalarlo, ¿le pareció a La Nueva España que debía señalar a «un gijonés» en los mismos titulares, para compensar?

No acaba ahí la historia. Al día siguiente desaparecería de La Nueva España ese «gijonés» del manoseo en Contrueces. Porque resulta que es extranjero, inmigrante ilegal:

Poco después se denunció en Gijón otra violación, esta vez en el llamado Parque Fluvial. Por la descripción del atacante, parece tratarse también de un extranjero.

Respecto de los frustrados violadores de Lugones, la fotografía de La Nueva España nos da buena idea de la traza «gijonesa» de los mismos:

Y es que en Gijón, sí, hay una Calle de los Moros. Recuerdo socarrón de los invasores que pasaron brevemente por aquí y fueron expulsados.

Otros tiempos, sin duda.

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Rebélate, escucha música clásica. También este año


Hoy martes comienza la edición de este año de los Conciertos del Marqués, una iniciativa especialmente extraordinaria, vistos los tiempos que corren. Venciendo una vez más dificultades sin fin, hosteleros de la Plaza del Marqués y alrededores, con epicentro en el bar 4,70, y unos pocos músicos profesionales que son, también, vocacionales, ofrecerán conciertos gratuitos de música clásica y barroca, según el programa del cartel que se reproduce en esta entrada.

Si el año pasado sólo se echó de menos una actitud más civilizada por parte de los viandantes (no se trata de música amplificada, de manera que es necesaria una cierta contención del ruido alrededor), esperemos que este año se sepa apreciar algo que recuerda aquel Gijón, más fino y elegante, que al parecer existió, antes de esta era argentina / de socialismo y cocaína (Valle-Inclán). Tan lejos de las horteradas ruidosas y paletas que constituyen los festejos oficiales de hoy en día.

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