Han perdido el juicio. El modernismo vernáculo y paleto llega a la administración de justicia

Lo que faltaba. Una tal «Cumbre Judicial Iberoamericana», a la que al parecer pertenece el Estado español y que debe ser la versión sumarial del «Consejo Episcopal Latinoamericano» (el tristemente célebre CELAM, engendro vaticanosegundista al cual debemos el nuevo Padrenuestro falsificado y bien alejado del canónico latino; nótese que tanto la «Cumbre» como el «Consejo» evitan llamarse hispanoamericanos, que es lo que son), acuerda eliminar las locuciones latinas de autos y sentencias. Lo hace, para más inri, a propuesta de los representantes de España además de los de Paraguay, Colombia, Bolivia, Chile y Ecuador. Lo cuenta, en mal español y con indisimulada aprobación, ConfiLegal:

Las frases en latín serán eliminadas de autos y sentencias, según acuerdo de Cumbre Judicial Iberoamericana

Carlos Berbell

Las frases en latín que se suelen utilizar en autos, sentencias y dictámenes serán eliminadas en los poderes judiciales de los 23 países que forman parte de Cumbre Judicial Iberoamericana -organización de la que es miembro España- para que los ciudadanos puedan comprender con facilidad las fundamentaciones contenidas en dichos documentos, según se acordó en la XVIII Asamblea de Cumbre, que tuvo lugar esta semana en Asunción, Paraguay.

La propuesta para la eliminación de las frases en latín fue presentada por los representantes de España, Paraguay, Colombia, Bolivia, Chile y Ecuador.

De esta forma, frases como “fumus boni iuris“, es decir, apariencia de buen derecho, necesaria para deducir determinadas pretensiones de carácter procesal, como en el caso de las medidas cautelares, o “periculum in mora“, peligro de mora o de tardanza en la resolución del proceso.

La delegación española en la XVIII Asamblea de Cumbre Judicial Iberoamericana: Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Ana Murillo, directora del Gabinete del presidente, y Juan Martínez Moya, vocal del CGPJ. Poder Judicial de Paraguay.

La delegación española en la XVIII Asamblea de Cumbre Judicial Iberoamericana: Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Ana Murillo, directora del Gabinete del presidente, y Juan Martínez Moya, vocal del CGPJ. Poder Judicial de Paraguay.

La delegación española que promovió la propuesta estaba formada por el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y por el vocal Juan Martínez Moya, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Por ello, es de presumir que, a partir de su regreso a España, se impartan las instrucciones oportunas desde la Escuela Judicial y desde el Servicio de Formación Continua del órgano de gobierno de los jueces para que los hombres y mujeres que administran justicia en España comiencen a suprimir las frases en latín de sus autos y sentencias.

EN LA MISMA DIRECCIÓN QUE LAS CORTES ESPAÑOLAS

Esta decisión de Cumbre va en la misma dirección que la reciente proposición no de ley para promover la claridad del lenguaje jurídico, que fue aprobada por unanimidad por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, a propuesta del Grupo Socialista.

En la misma se instaba al gobierno a “impulsar de manera decidida actuaciones que promuevan la claridad del lenguaje jurídico, dando cumplimiento al Convenio Marco de Colaboración para Promover la Claridad del Lenguaje Jurídico, así como a dar cuenta al Congreso de las actuaciones realizadas al amparo del mismo”.

En este sentido, María Mercedes Buongermini, jueza paraguaya que participó en la XVIII Asamblea de Cumbre, declaró que “es necesaria la redacción de los actos de comunicación en lenguaje claro, fácil y comprensible para las personas interesadas en las resoluciones judiciales. Debemos homogeneizar la redacción de sentencias y buscar un equilibrio entre el rigor técnico necesario de las expresiones y comprensión por parte de la ciudadanía”.

Esta nueva exhibición de rancio papanatismo progresista tiene, es verdad, ilustres precedentes. En un debate en las Cortes españolas de otro tiempo —no tan lejano, aunque a veces lo parezca— el Ministro Secretario General del Movimiento, José Solís Ruiz («Menos latín y más gimnasia») defendía la reducción de horas lectivas de lenguas clásicas para aumentar las de educación física. «¿Para qué sirve el latín?» se preguntó en su discurso. A lo que el catedrático Adolfo Muñoz Alonso, Consejero Nacional del Movimiento él mismo, le replicó: «Por de pronto, señor ministro, para que a Su Señoría, que ha nacido en Cabra, le llamen egabrense y no otra cosa».

Solís Ruiz, no muy brillante él (aunque muchísimo en comparación con sus equivalentes hodiernos) seguía la estela de la Institución Libre de Enseñanza, que ya a principios del siglo XX había erradicado la enseñanza del latín de su prototípico Instituto-Escuela. Pero la insensatez no era entonces tan general, y ni institutos de enseñanza media ni colegios imitaron el dislate.

Más aún que en la doctrina y en la práctica jurídicas españolas, en la de los países anglosajones, para cuyos habitantes el latín resulta considerablemente más difícil, se usan las locuciones latinas con profusión. Son insustituibles, no sólo por razones históricas. Cosa parecida cabe decir de los países francófonos, de los de lengua alemana…

Pero es que entre nosotros se ha barrido el uso de las lenguas clásicas hasta en la Universidad. Por contraste, en la de Oxford el discurso con que el rector inaugura el curso se hace en latín. Claro que Oxford y Cambridge, cuya fama, antaño excesiva, perdura aún, son las únicas universidades del continente que no se han dejado avasallar por el proceso de Bolonia, el «Espacio Europeo de Educación Superior», que en España ha destruído las carreras universitarias, también la de Derecho.

El uso diario del español, hasta del callejero, abunda en latinismos y locuciones latinas. En cuanto a la claridad y comprensión de los textos, la abrumadoramente abundante producción legislativa del régimen democrático proporciona innumerables ejemplos de cómo puede evitarse el «lenguaje claro, fácil y comprensible» sin recurrir al latín ni una sola vez.

Con el mismo criterio, quizá ahora el CSIC vaya a alguna cumbre hispanoamericana y proponga que en los nombres científicos usados en las ciencias naturales se abandone el latín y el griego y se traduzca al español. ¿Que eso dificulta la comunicación internacional? Si esa dificultad no preocupa a los jueces y magistrados, ¿por qué ha de preocupar a los biólogos?

Los eclesiásticos actuales estarán aplaudiendo la propuesta, y hasta la Rota considerará aplicarla. Su odio hacia el latín, la lengua de la Iglesia romana, es absoluto. Tampoco tomarán en consideración que los ingleses, obligados a abandonar el latín en los templos desde la revolución protestante en el siglo XVI, lo mantienen abundante en tribunales, procedimientos y sentencias.

El empobrecimiento y la devastación de nuestra cultura, en todos los ámbitos, van parejos al abandono de los clásicos, espoleado por el progresismo analfabeto.

Summum ius, summa iniuria.

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Archivado bajo 05.- España, 07.- Enseñanza, Hispanoamérica

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