Excomulgados, sí

Extra Ecclesiam nulla salus

Extra Ecclesiam nulla salus: fuera de la Iglesia no hay salvación

El recordatorio –tardío, incompleto y moderadísimo– por parte de Juan Antonio Martínez Camino, de que los políticos que favorezcan el aborto provocado están en pecado público y no pueden «ser admitidos a la Sagrada Comunión» (porque están, de hecho, ex communio, fuera de la comunión de la Iglesia, excomulgados) está provocando toda clase de reacciones por parte de los hipócritas, políticos y mediáticos, que no desean que se les recuerde. Hipócritas de estos los hay a montones en Asturias y en Gijón. El clero que padecemos, en general vil y obstinado en el error, está que trina. Pero le falta sutileza. Un poco más sutil, aunque tal vez no tanto como quisiera, resulta, haciendo de portavoz oficioso de esos clérigos, Javier Morán. Sólo así cabe entender su titular en La Nueva España, desde el cual ya llama a no tomar en serio la advertencia del portavoz de la Conferencia Episcopal:

A Divinis
Fuera del mundo

Sólo cabe entender las palabras de Martínez Camino como una apelación a la conciencia de los políticos católicos
JAVIER MORÁN

La severa advertencia del obispo Martínez Camino significa, en la práctica, que si aquel católico practicante que haya votado a favor de la Ley del Aborto acude a la misa de su parroquia y desea recibir la comunión, el sacerdote le dirá que abandone la fila de los comulgantes. ¿Se lo dirá en público y en voz alta, o discretamente al oído? ¿Vigilará el obispo correspondiente para que el párroco cumpla con su cometido? ¿Y si ese católico acude a comulgar en un templo donde no sea conocido? ¿Y podrá este político librarse de la penalización si la ley no es derogada?

Cinismo graciosete. Significa que el político en cuestión no puede recibir sacramentos, hasta que enmiende su error. Un pecado público exige penitencia pública. Significa que peca mortalmente el sacerdote que le dé la comunión a sabiendas. Significa que los propios fieles pueden y deben denunciar el sacrilegio, si se produce, e incluso impedirlo. (Apartando por la fuerza al político de la fila de comulgantes, por ejemplo).

Podrían formularse infinidad de preguntas, pero bastan cuatro, bastante inocentes, para mostrar que la casuística devora el derecho canónico, como ya se temían los jansenistas y el buen Pascal.

Por favor. Las preguntas de Javier Morán son involuntariamente inocentes. Porque resulta inocente citar a la herejía jansenista, y al bueno de Blaise Pascal –tentado por ella– para oponerse al derecho canónico, que obliga a todos los cristianos; y, en realidad, para oponerse a la doctrina católica, a cuyo servicio está el derecho canónico.

Pero veamos antes los cánones. El 915 del Código de Derecho Canónico de 1983: «No deben ser admitidos a la sagrada comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena, y los que obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave».

Camino se refiere a este tercer caso, a un pecado “manifiesto”, es decir, público, persistente y obstinado. ¿Existe persistencia cuando el político católico vota una vez una ley de estas características? ¿Consiste dicha obstinación en que vaya a votar afirmativamente aun cuando ya está avisado por Camino y por documentos del magisterio; o en que después del voto considere correcta su actuación desde el punto de vista civil?

Javier Morán debe saber la respuesta a sus preguntas: sí a la primera, sí a ambas proposiciones de la segunda. Ningún católico puede ignorar la doctrina de la Iglesia sobre el aborto. Pero, como resulta evidente, los arrupitas, como los abortistas neoclaretianos y la mayoría de los diocesanos de Oviedo, a quienes Morán se refiere más abajo como «los buenos sacerdotes que abundan», están fuera de la Iglesia Católica: están ex communio.

Colocado fuera de la fila de los comulgantes, el político católico votante de una ley contraria a la moral de la Iglesia se encontraría en el mismo lugar que otros creyentes a los que se les reserva un extraño lugar en el catolicismo, caso de los divorciados por vía civil cuyo matrimonio no haya recibido anulación canónica.

¿Se sale de ese lugar? Teóricamente, mediante la confesión y la enmienda, pero la casuística de nuevo resulta agotadora.

Pero qué grandísimas burradas, señor Morán. Empieza usted a sonar a Díaz Bardales.

No existe la «anulación canónica», sino la nulidad: declarar ésta significa que nunca hubo matrimonio. Creíamos que esto lo sabían hasta los niños de catecismo de su generación. La simple confesión no subsana casos como el de los pecadores públicos que no desisten de su error. Los voluntariamente divorciados, por ejemplo. Mas ya sabemos que la mayoría del clero gijonés da a sabiendas la comunión –seguramente inválida– a los pecadores públicos. Y les celebra funerales, y los trata como a hijos fieles de la Iglesia. (¿De qué iglesia?).

El divorciado, ¿ha de volver a casarse con la misma persona?

No puede volver a casarse: nunca ha dejado de estar casado. El divorcio, como todo cristiano sabe, es una ficción legal que no rompe el vínculo matrimonial.

El político, ¿debe perseguir que su partido derogue la ley aprobada? ¿Ha de abandonar dicho partido? Por este último camino, acción política y catolicismo serían prácticamente incompatibles. Recuérdese que el arzobispo emérito Fernando Sebastián sostuvo hace unos años que, en un sentido estricto, un católico sólo podría militar y votar a partidos que incorporen plenamente la moral y la doctrina social de la Iglesia. Pero ello sólo sucede con formaciones de tipo tradicionalista, carlista o con ciertas ramas de la Falange, entre otras opciones.

Evidentemente, ser miembro del PSOE, del PP, de IU, etcétera, es incompatible con la condición de cristiano, porque los fundamentos mismos (no sólo los programas) de tales partidos son contrarios a la doctrina de la Iglesia. Eso desespera a la clerigalla actual, tan amiga del combayonismo, del cabildeo y de la complicidad con los enemigos de Cristo.

Por otra parte, no es pequeño el temor del Vaticano a que un partido político se presente como católico. Es más, lo desaconsejan sus pastores.

¿Es cabal un catolicismo sin profesionales de la política en sus filas? ¿Lo es una sociedad sin ciudadanos católicos que actúen en la política?

Hay épocas en las que la Iglesia ha insistido en estar «en el mundo», por ejemplo, en torno al Concilio Vaticano II, cuando además se afirmó la autonomía entre el orden civil y el religioso. Fueron épocas de optimismo. Hoy predomina un pesimismo agustiniano y el mensaje bascula hacia el «sin ser del mundo».

El pesimismo actual es hijo, precisamente, de la situación creada por las imprudencias del V-II y el postconcilio. Lo que desespera a los mentores del señor Morán es su fracaso. Los desespera a la manera luciferina: no se enmiendan, sino que quieren hacernos fracasar a todos.

La Iglesia está «en el mundo, sin ser del mundo» para convertir a los hombres y para llevar el mundo a Cristo. Lo que la clerigalla modernista quiere, y Javier Morán defiende, es que la Iglesia se haga mundo, se disuelva en él. No están con Cristo: están con el Príncipe de este Mundo, mentiroso, homicida –abortista– y enemigo del género humano.

Sumada la casuística devoradora a estas contradicciones, sólo cabe entender las palabras de Martínez Camino como una apelación a la conciencia de los políticos católicos. Una apelación que, no obstante, ha ido acompañada por el aviso de las penalizaciones. Pero, por lo general, los buenos sacerdotes que abundan en la Iglesia católica son los que con bastante sentido común deshacen la maraña de la casuística y ayudan a estar en el mundo.

Lo que decíamos más arriba: Javier Morán, erigido en portavoz de la clerigalla asturiana –que acaba de protagonizar un espectáculo bochornoso de herejía orgullosa y rebeldía contra su Obispo— y los ex jesuitas arrupitas, anuncia que van a desobedecer a la Iglesia. Nada nuevo: llevan haciéndolo más de cuarenta años. Que tomen nota los fieles, para no quedarse ex communio también.

Sin duda, los lectores con cierta formación religiosa e histórica agradecerían a don Javier Morán que se ciñese a la actualidad gijonesa. Sus contribuciones en este terreno son, con frecuencia, de agradecer. En asuntos más altos, más vale recordar: Dies irae, dies illa, solvet saeclum in favilla…

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3 comentarios

Archivado bajo 02.- Gijón, 05.- España, 09.- Medios, Política local

3 Respuestas a “Excomulgados, sí

  1. Que los vientos han cambiado, lo prueba este despacho de la agencia FARO. Pero el clero de la diócesis ovetense, como el de casi todas las de esta España abandonada, se resiste. Si no fuera por ellos, por ellos que están con este mundo y con el Príncipe de este Mundo, la restauración del orden cristiano llegaría mucho más rápido. El profesor Miguel Ayuso, ilustre tradicionalista, que ha participado en actos y conferencias en Gijón y tiene buenos amigos en la Villa de Jovellanos, ha sido elegido Presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos, que acaba de celebrar un congreso internacional en Madrid, con presencia gijonesa. Lean con atención las conclusiones del mismo:

    Madrid, 14 noviembre 2009. Con una misa “de ángelis” celebrada –principalmente en latín– por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio Mª Rouco Varela, se clausuró ayer el Congreso Internacional “Estado y Conciencia”, de la Unión Internacional de Juristas Católicos. La misa inaugural la dijo anteayer, enteramente en latín, el Cardenal Jean-Louis Tauran, de la Curia Romana.

    Durante el congreso, cuyas sesiones –según el programa que ya facilitó FARO— han tenido lugar los días 12 y 13 de noviembre en la sede madrileña de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, ha renovado sus cargos la Unión Internacional de Juristas Católicos, “asociación privada internacional de fieles de derecho pontificio dotada de personalidad jurídica” con sede en Roma, en el Palacio de la Cancillería (que goza de la extraterritorialidad de la Santa Sede y donde se encuentran los tribunales apostólicos). Su nuevo Presidente es Miguel Ayuso Torres, Profesor Ordinario (catedrático) de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid), Presidente de la Confederación Española de Juristas Católicos y Director Científico del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, entre otros cargos.

    El comité organizador del congreso ha facilitado estas importantes conclusiones:

    1. Hemos elegido el tema “Estado y conciencia” como tema central del congreso internacional de la Unión Internacional de Juristas Católicos, en primer lugar, porque se trata de un tema central de la filosofía práctica, esto es, moral, jurídica y política. Nunca está de más, por lo tanto, contribuir a esclarecer conceptos tan importantes, tanto en sí mismos como en su interrelación, para los profesionales católicos del derecho. Pero no puede ocultarse que, en segundo lugar, la experiencia contemporánea hace más urgente esa reflexión, en cuanto exige el enjuiciamiento de múltiples cuestiones delicadas en las que está implicada la relación del Estado y de su ordenamiento jurídico con la conciencia.

    2. En efecto, es cierto que nuestros días puede hacerse más evidente la potencial conflictividad de la relación entre el Estado y la conciencia. Hay que tener presente que el Estado moderno nació basado en la afirmación de la libertad de conciencia, que ha conducido finalmente a constituir al poder político como fuente única de moralidad. Esto se ve con claridad en la vida interna de los Estados y en la de las organizaciones internacionales. Así, los criterios con que se pretende evitar el contagio del SIDA o regular la natalidad presuponen la exclusión de cualquier normatividad moral de origen religioso. Al mismo tiempo, el Estado separado de la Iglesia también tiende a negar la presencia de la fe en la educación o en la vida social. He ahí el dinamismo por el que el liberalismo descristianiza, como se hace patente en un mundo en el que los paradigmas de la modernidad fuerte se disuelven en un discurso de matriz nihilista.

    3. Hay que distinguir, con la recta filosofía y la doctrina católica, entre libertad “de” conciencia y libertad “de la” conciencia. La segunda, que la Iglesia defiende, no es sino el reflejo de la ley moral objetiva inscrita en la conciencia, en todas las conciencias. La primera, en cambio, que es la de la cultura moderna, y la que se ha impuesto, supone la reclamación de una autonomía moral subjetiva.

    4. Las consecuencias políticas de la distinción no son pequeñas. Porque la libertad “de” conciencia lleva al individualismo exasperado, que se resuelve en una visión del derecho positivo como pura fuerza, y que presupone el concepto de libertad negativa, esto es, la libertad sin regla. Pero afirmar que todas las concepciones morales y religiosas tienen derecho de ciudadanía, con el único límite de que los actos que provengan de las mismas no dañen a otros, implica sostener que cada uno puede, en la esfera privada, hacer lo que le plazca. El hecho de drogarse, rechazar transfusiones de sangre necesarias, tener varias mujeres o evadir capitales al extranjero, por poner casos de distinta densidad, se convierten en problemas insolubles.

    5. Hoy adquiere un protagonismo sin precedentes limitar y, en su caso, resistir las injerencias estatales en la conciencia. Una primera solución conduce hacia los terrenos de la objeción de conciencia. Conviene, sin embargo, trazar aquí una distinción paralela a la que acabamos de hacer sobre la libertad de conciencia. Hay también una objeción “de” conciencia y una objeción “de la” conciencia. E igual y lógicamente la primera resulta ajena y contraria a la cultura católica; mientras que la segunda no es sólo aceptable sino que puede resultar incluso obligatoria en función de las circunstancias. Por eso, en nuestros tiempos, se oye hablar mucho de objeción de conciencia. Y bien está en cuanto supone el rechazo de leyes esencialmente injustas. Aunque con frecuencia lleva consigo una cierta ambigüedad, por el contexto de afirmaciones políticas en que se formula, y que no siempre discierne con claridad la objeción “de la” conciencia respecto de la objeción “de” conciencia.

    6. De ahí que la verdadera resistencia ante las injerencias de parte del Estado debe venir acompañada de la auténtica afirmación de la doctrina política católica. Ésta es la que sostiene que el Estado (o mejor, la comunidad política) es un instrumento del orden que se funda sobre una invariante moral, de modo que cuando se prescinde de ella no sólo se rechaza el que podríamos llamar “Estado católico”, sino que es el propio “Estado” el que desaparece. No es frecuente, sin embargo, escuchar este tipo de afirmaciones en el mundo católico contemporáneo, quizá porque ha sido engullido (aun inconscientemente) por la cultura liberal.

  2. Unam Sanctam

    Hay que ver, hay que ver… Con lo moderado, pero certero, que ha estado Mons. Martínez Camino, ¡la que está cayendo! No ha dicho nada que no tuviera que haberse dicho ya en 1985, cuando se aprobó la nefasta ley actual de aborto en (supuestamente) “tres supuestos”. Desde entonces, más de un millón (1.000.000) de inocentes criaturas ha sido masacrado (permítanme la ironía… supuestamente). Y más de 112.000 en 2008 solamente. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Una sociedad perversamente enferma donde las hay. Y desgraciadamente, no todos los católicos en España (a todos los niveles me refiero), han estado a la altura de las circunstancias. Ha habido una notoria falta de contundencia, en fin, medias tintas, un cierto buenismo, moderación (en “exceso”, ¡curiosamente!) y ahora estamos como estamos: la España antaño de alma católica devastada en un enorme abortorio del mundo. Qué vergüenza. Y los eclesiásticos y consagrados-as los peores, como el cura catalán que admitió en la prensa que “ha pagado abortos” (¿suspensión a divinis?, ¿excomunión? ¿alguna medida disciplinar? no, qué va, si es que no pasa nada…). O el bochornoso espectáculo macabro de la benedictina catalana que está a favor del tópico de “pro-choice” en la que la mujer tenga “derecho” a decidir… ¿a decidir? ¿Qué? ¿A decidir qué? A dejar nacer una criatura o matarla vilmente y con impunidad? ¿Es que eso se puede decidir? ¿O qué decir del monstruoso documento de ese instituto de bioética (“bioherética” más bien), presidido por un jesuita (no de S. Ignacio, evidentemente), avalando la viabilidad de aborto libre hasta las 12 semanas? Y algunos clérigos de Oviedo, con sus declaraciones heréticas y cismáticas… ¿Para qué vamos a hablar? Desde luego, se han vuelto locos de remate toda esta escoria de la Santa Iglesia Católica. Y la autoridad apostólica debería ejercer su potestad sagrada para gobernar el rebaño de Cristo para proteger a las ovejas de lobos feroces, que como el mismísimo Satanás, rondan buscando a quién devorar. S. Pedro nos advierte a que resistamos con fe, “católica”, claro. Pero al final, todos rendiremos cuentas al Rey del Universo, por lo que hemos hecho y dicho… y también, por lo que no hemos hecho y no hemos dicho. Adveniat Regnum tuum!

    • Despacho distribuido ayer por la agencia FARO:

      Jefe Estado vuelve a mandar asesinar niños no nacidos

      · Juan Carlos firma nueva ley abortista en España
      · Vida Humana Internacional: Juan Carlos, excomulgado
      · La vergüenza de la Conferencia Episcopal Española
      · Causas de la triste situación de España
      · Creciente simpatía por la legitimidad dinástica
      · Pequeñas muestras: Facebook

      Madrid, 5 marzo 2010. Ayer se conoció que, como era seguro, el Jefe de Estado constitucional, Juan Carlos, ha firmado (con fecha de anteayer, 3 de marzo) la nueva ley del aborto. Puede leerse en el Boletín Oficial del Estado (antigua Gaceta de Madrid): http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-3514

      Confiado en el pacto de silencio que tapa sus vergüenzas desde la llamada Transición, el Usurpador no ha dudado en actuar siempre, pública y privadamente, en política y en negocios, contra la Fe, contra la moral, contra el derecho natural, contra los intereses de España y de los españoles. En esta ocasión ha gozado también de la exculpación y el apoyo explícitos de la Conferencia Episcopal Española, por boca de su portavoz, Juan Antonio Martínez Camino, quien –como informaba FARO en despacho anterior— no ha dudado en incurrir en la más abierta heterodoxia por justificar a Juan Carlos. Nuevamente, así, el varias veces perjuro usa la fórmula “Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica”. Como con la atea Constitución de 1978; como con las leyes del divorcio, del “matrimonio” entre aberrosexuales; como con las leyes de educación que han convertido a los colegios e institutos españoles en antros de perversión; como con la anterior ley del aborto –la defendida por el PP y HazteOír.org, entre otros– con la cual España, en el más cruel genocidio de la historia, se convirtió en el paraíso mundial del aborto provocado. Juan Carlos ha incurrido en excomunión varias veces; le es indiferente. Es más: se diría que se deleita en ello, lo cual resulta coherente con la afiliación que se le atribuye a ciertas tenebrosas sectas, a las que pertenecían su padre y su bisabuelo y pertenecen destacadas personas de su entorno.

      También anteayer, FARO informaba del llamamiento del presidente de Vida Humana Internacional (la más grande organización pro vida del mundo, con filiales en más de cien países de los seis continentes), el Padre Thomas J. Euteneuer, a Juan Carlos y a la Conferencia Episcopal Española. Llamamiento que, como era de esperar, ha sido ignorado. Monseñor Ignacio Barreiro, capellán del Papa y director de la oficina romana de Vida Humana Internacional (Human Life International / Vita Umana Internazionale), ha emitido la siguiente declaración:

      Debemos expresar nuestra consternación ante las noticias que el Jefe de Estado de España ha sancionado una terrible ley que permite el aumento en una forma gravísima del numero de niños que podrán ser matados a través del aborto. Al mismo tiempo esta decisión del Jefe de Estado no nos sorprende por que en el pasado ha firmado leyes que son profundamente contrarias a la ley moral y a las enseñanzas católicas.

      Debemos afirmar nuevamente, que aunque la Constitución no lo prevea, Juan Carlos de Borbón, conserva el derecho humano fundamental de seguir su conciencia cuando ésta esté formada en forma debida. Tiene que ser evidente para cualquier persona de buena voluntad, que el derecho positivo no le puede conculcar este derecho fundamental a ninguna persona, y mucho menos a la persona que debe ser la guía moral de su nación. Debemos recordar también que la legitimidad de un rey está basada en la forma en que éste sea fiel ejecutor de la Ley de Dios. Otros miembros de la realeza europea han demostrado su consciencia de esta norma moral básica y su coraje cuando se negaron a sancionar leyes injustas. Aún si el derecho positivo español requiere esta sanción, tanto la ley natural como la ley de Dios requieren que el Jefe de Estado se niegue a sancionar cualquier tipo de legislación inmoral, especialmente esta que causará la muerte de tantos niños por nacer.

      Tenemos que recordar que en el 2005, cuando el actual Jefe de Estado sancionó una ley autorizando el matrimonio entre personas del mismo sexo, esta oficina presentó esta misma línea de argumentación a las autoridades españolas.

      Más aún estamos convencidos que Juan Carlos de Borbón ha incurrido en una excomunión latae sententiae, debido a que su decisión traerá como consecuencia directa una grave e inmoral aumento del aborto. (Señalamos esta conclusión lógica de la clara enseñanza de la Iglesia, articulada por el Arzobispo Raymond Leo Burke, el actual Prefecto del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, en su artículo; “Canon 915: The Discipline Regarding the Denial of Holy Communion to Those Obstinately Persevering in Manifest Grave Sin”, Periodica De Re Canonica, vol. 96 (2007) pp. 3-58).

      Después del escándalo de Recife en 2009, donde la mera apariencia de vacilación en la enseñanza inmutable de la Iglesia sobre el aborto fue utilizado por extremistas a favor del aborto para avanzar su causa, es más importante que nunca que la Iglesia articula claramente las consecuencias de la capitulación de figuras públicas con respecto al aborto.

      Finalmente pedimos oraciones para la conversión del actual Jefe de Estado de España. Le pedimos al Señor que retorne a la Fe que fue vivida por sus antepasados en siglos mejores antes de que entrase en España la ideología liberal.

      El vergonzoso silencio de los titulares de las diócesis españolas, amparados en esa inútil y contraproducente estructura llamada Conferencia Episcopal (ajena a la constitución divina de la Iglesia, como afirmó el propio anterior Prefecto de la Doctrina de la Fe, el entonces Cardenal Ratzinger), hace que los católicos españoles que quieren seguirlo siendo deseen que Roma, aplicando el canon 449 § 1 del Código de Derecho Canónico de 1983, disuelva la citada Conferencia.

      Es preciso recordar que la sanción de esta nueva ley ilícita y asesina no puede desligarse de las dos causas de ilegitimidad de origen que afectan al régimen de facto en España: un pésimo sistema legal improvisado, ajeno y hostil a la ley fundamental de la nación española, que es la unidad católica. Y una jefatura del Estado ocupada por un sujeto sin derecho alguno a la corona. Todos los demás males que nos aquejan proceden de esos dos. Sin corregirlos, nada tiene solución.

      Precisamente en estos momentos, no pocas personas de bien, de entre la minoría bien informada que queda en España, vuelven sus ojos al Abanderado de la Tradición, Don Sixto Enrique de Borbón. Príncipe católico de limpia trayectoria y depositario de la legitimidad monárquica, representa la única opción para que nuestra Patria salga de su triste estado actual. Como pequeña muestra de esa creciente simpatía por el Duque de Aranjuez, en Facebook, la mayor de las redes sociales de Internet, aumenta el número de seguidores de la página oficiosa a él dedicada, http://www.facebook.com/pages/SAR-Don-Sixto-Enrique-de-Borbon/19500671771, a la que hay que sumar grupos como “¡Viva Don Sixto Enrique de Borbón!“, u otros simpáticos y espontáneos como “Don Sixto Enrique seguro que no firmaría una ley abortista“, o el recién aparecido “Don Sixto Enrique a La Zarzuela” (es bien seguro que el Duque de Aranjuez no vendrá a La Zarzuela, cutre residencia oficial del Usurpador, en la cual éste procura estar lo menos posible; sino al Palacio de Oriente, en medio de su pueblo).

      En la citada red social, la indignación por la nueva felonía del Jefe del Estado se manifiesta en grupos como “Que la Conferencia Episcopal excomulgue a Juan Carlos de Borbón” o “El Rey que firma la ley del aborto, NO ES MI REY” . Procede, en estos casos, repetir la una nota que FARO publicaba anteayer:

      Es pública y notoria la indiferencia religiosa de Juan Carlos, como públicos y notorios son su repudio de la doctrina y la moral católicas. Menos público y notorio, pero no menos cierto, es que –con arreglo a las leyes tradicionales de la Monarquía española– ni siquiera puede llamarse “de Borbón”.

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