La sangrante injusticia de cada día

 

Vistazo a la prensa local del 26 de diciembre, San Esteban, protomártir: entre bobadas de curas progres, notas de políticos parásitos y otras muchas muestras de frivolidad intolerable en esta infraoctava de Navidad, encontramos en El Comercio esta carta al director:

 

Este es mi caso

María Olvido Larralde Ferrer

Verán, soy separada. Tengo 54 años y estoy enferma. Tengo una enfermedad degenerativa, por lo cual tengo puesta una prótesis total de la cadera derecha. Muy pronto me operan de la otra cadera. Estoy mal de la columna y no me puedo agachar ni coger pesos. También tengo los dos tímpanos rotos, apenas oigo y estoy tomando antidepresivos.

Tengo un niño de 13 años a mi cargo. Su padre le pasa 180 euros de manutención y yo estoy cobrando la minusvalía de un 65%. Recibo 271 euros, pero, aun con las dos, no cubro las necesidades básicas. He solicitado el salario social y, al principio, después de seis meses, me lo dieron.

Pero, igual que me lo dieron, me lo quitaron, y sin darme una explicación. Las trabajadoras sociales me dicen que tengo derecho a cobrarlo, pero la Concejalía de Bienestar Social no me lo quiere dar. Llevo dos meses sin cobrar y sin que me expliquen el porqué hay familias en mi barrio que lo necesitan menos y lo están cobrando.

A ver si ustedes pueden ayudarme sacando esto a la luz. Tengo certificados médicos y lo puedo demostrar.

Muchas gracias.

 

 

 

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Archivado bajo 02.- Gijón, Justicia social, Política local

6 Respuestas a “La sangrante injusticia de cada día

  1. Seguimos con injusticias, abusos y mangoneos de la Administración. En El Comercio hoy:

    La residencia de Apta para discapacitados en Cabueñes lleva un año acabada y sin uso

    La asociación necesita financiación del Principado para ponerla en marcha y la Administración discrepa sobre el perfil seleccionado para los futuros usuarios. La consejería supedita su ayuda a incluir personas con grandes dependencias

    M. MORO/GIJÓN

    La residencia para discapacitados psíquicos en proceso de envejecimiento promovida por la Asociación de padres y tutores de antiguos alumnos del Sanatorio Marítimo (Apta) en Cabueñes lleva más de un año construida -obtuvo la licencia de apertura municipal en febrero de 2006- y sin tener ningún tipo de uso. El equipamiento asistencial «se encuentra desaprovechado y muerto de risa», admite Fernando Urrutia, gerente de un colectivo solidario y empresarial que también regenta un centro especial de empleo repartido entre Somió y Roces con casi 300 trabajadores.

    Detrás de esta anomalía hay un largo desencuentro entre Apta y la Consejería de Bienestar Social del Principado que impide cerrar un convenio satisfactorio para ambas partes y, de paso, provoca la mayor de las incertidumbres sobre el futuro de la instalación. Asociación y consejería discrepan abiertamente en el perfil que deben tener los usuarios de la residencia, con capacidad para 25 personas. Mientras la primera persigue ante todo la homogeneidad entre los residentes, con usuarios a partir de 45 años, problemas familiares y un grado de discapacidad moderada, la Administración regional se niega a subvencionar plazas -Apta pone 10 habitaciones, el 40%, a su disposición- en tanto no se admita en el centro a personas con grandes dependencias.

    Según explica Urrutia, el modelo asistencial que Apta ha querido implantar en el barrio de Cimadevilla, en Cabueñes, se ha estudiado a fondo, con visitas a centros similares en otras comunidades autónomas y choca frontalmente con «la filosofía de geriátrico» que, a su juicio, defiende la consejería de Laura González. El dirigente de esta asociación de padres asegura que personas con minusvalías psíquicas en ciudades como Vitoria, Logroño y Madrid disfrutan de instalaciones en las que, sin llegar a una edad provecta, tienen sus necesidades básicas atendidas el tiempo que no están en el trabajo.

    En realidad, el centro, tal y como lo ha concebido Apta en su reglamento de régimen interno, prevé que los residentes sólo duerman, cenen y desayunen allí. Durante los fines de semana, aunque quedarían unos servicios mínimos, la mayoría se reuniría con sus familias. «Lo que queremos ante todo es preservar la convivencia y mejorar la calidad de vida de algunos de los discapacitados que llevan años trabajando para nosotros y ahora malviven en pensiones hasta el punto de llevarse de cena el catering que sobra de las comidas que hacen en los centros de trabajo», señala Fernando Urrutia.

    El gerente de Apta afirma que en estos momentos hay entre siete y ocho personas «en lista de espera» para formar parte de la primera remesa de residentes. «Si por la asociación fuera abríamos la residencia mañana mismo, pero lo que no podemos es tirarnos a la piscina sin tener asegurada la financiación», agrega. Los usuarios destinarían una parte de sueldo a su manutención diaria, pero los números no cuadran si el Principado no realiza su aportación.

    Fuentes de la Consejería de Bienestar Social aseguraron ayer a EL COMERCIO que no se dan por cerradas las negociaciones, aunque reconocieron que el planteamiento de Apta «no se adecua en estos momentos» a sus necesidades asistenciales. «Estamos dispuestos a concertar plazas con ellos, pero siempre que se dé cabida a las personas que la nueva ley engloba dentro de las grandes dependencias», señalaron estas mismas fuentes, que además admitieron que va a ser «difícil» salir del actual ‘impasse’ que afecta a la residencia por la falta de demanda objetiva a corto plazo para el tipo de plazas que persiguen.

    Ignacio Baizán, coordinador de Apta, explica que según los estudios realizados -los cuales obran en poder del Principado desde noviembre de 2004- deberían contratar a 11 personas, fundamentalmente cuidadores, para atender las necesidades de los internos. Los servicios externos de limpieza, mantenimiento y jardinería los seguirán realizando como hasta ahora chavales discapacitados del centro especial de empleo del Sanatorio Marítimo. «Lo que planteamos se acerca más a los pisos tutelados que a las residencias de ancianos», expone.

    Traslado de talleres

    Preocupados por la larga inactividad del centro, la directiva de Apta ha decidido «darle algo de vida» a las instalaciones con el traslado en febrero de dos centros ocupacionales que actualmente están agrupados en Roces.

    «Cuanto más tiempo siga cerrada -con sus servicios de electricidad y calefacción sin uso- más prematuro será su envejecimiento», asegura Baizán. Estos talleres procuran en la actualidad formación integral a 40 chavales, algunos de ellos recién salidos de aulas de educación especial y con problemas de interrelación personal. Se trata de la antesala a su normalización laboral.

    Para acoger los centros ocupacionales, la residencia no sufrirá cambios y las habitaciones ni se tocarán. Se aprovecharán dos módulos que habían quedado sin distribución en el centro residencial de 150 metros cuadrados cada uno. Esas serán las aulas y luego los chavales harán uso de las salas de estar y televisión, así como del comedor, que ese sí deberá ampliarse porque se concibió para un máximo de 25 plazas.

  2. Carta al director en La Nueva España de hoy:

    Pensiones de jubilación

    El pasado 22 de febrero parece ser que se celebraron en Madrid unas jornadas sobre datos fiscales y de Seguridad Social, en las que según se dice se dio a conocer por parte de una ponente, asesora del departamento de la Dirección General de la Seguridad Social, la existencia de un estudio o trabajo todavía no publicado en el que se precisa que aumentar en sólo cinco años el período cotizado que se toma para el cálculo de la base reguladora de las pensiones de jubilación, pasando de los actuales quince últimos años cotizados a tomar los últimos veinte, el importe de la pensión se reduciría en un cuatro por ciento (4%).

    Está bien que en contra de tantos como defienden que lo correcto sería incluir toda la vida laboral para calcular el importe de las pensiones, ahora, según parece, justo desde quien se supone representa al sistema y no a los pensionistas, se nos diga con toda claridad que el importe de la pensión disminuye a medida que se aumentan los años de cotización que se toman para el cálculo de su base reguladora. A ver si se enteran tantos como defienden lo contrario, en particular ciertos tertulianos de radio y televisión que parece que todo lo saben y en temas como éste más de una vez dicen disparates.

    Quienes ya sufrimos las consecuencias de la anterior reforma, en la que se pasó de los últimos ocho años a los quince que se toman ahora, algo sabemos de las negativas consecuencias de este tipo de reformas, ya que nos supuso un buen pellizco en el importe de nuestras pensiones. Apañados vamos si como algunos piden un mal día acaban por aprobar incluir toda la vida laboral. Esperemos que todo quede en globo sonda, y que si un día se les ocurre reformar la normativa sea en favor de los pensionistas y no, como suele ocurrir siempre, en favor del sistema.

    José Luis Álvarez Lauret
    Gijón

  3. Una más de la izquierda plural gijonesa; que como siempre, con la Fernández Felgueroso a la cabeza, sostenella e non enmendalla. Total, los gastos judiciales los pagan los gijoneses… Y los directamente perjudicados, que se fastidien, o que se afilien al PSOE, al PCE o a XEGA. La Nueva España, martes 13 de marzo de 2007:

    El juez condena al Ayuntamiento por despedir a una trabajadora minusválida

    El gobierno local rechaza readmitir a la mujer y recurre la sentencia ante el TSJA

    M. C.

    «Que la Alcaldesa lea la sentencia y que me readmita a trabajar». Eso es lo que espera Dolores González Macías, una discapacitada que fue despedida de modo improcedente por el Ayuntamiento de Gijón del plan de inserción laboral, según la sentencia dictada por el titular del Juzgado de lo social número dos de Gijón. Pero no parece que el gobierno local vaya a escuchar su petición: el Ayuntamiento ha comunicado al Juzgado que opta por la indemnización de la trabajadora y que además va a recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

    Dolores González, de 51 años, y uno de sus tres hijos, que está en el paro, viven de su pensión de viudedad. En total, 746 euros mensuales, de los que 346 se van en el alquiler del piso en el que residen, en el barrio de La Arena, relató ayer la mujer tras dirigirse a LA NUEVA ESPAÑA para hacer pública su situación tras el despido del Ayuntamiento. «Salimos adelante por la ayuda de Cáritas y de una vecina del portal que me ayuda bastante dándome comida», relataba ayer la mujer desde Cáritas, en la parroquia del Corazón de María.

    Dolores González Macías, natural de Mieres pero que reside en Gijón desde hace dos años, tiene una minusvalía del 65% por problemas de salud en la espalda y en la vista. Esta discapacidad no le impidió trabajar como carpintera con un contrato de formación del Ayuntamiento, entre el 15 de julio de 2005 y el 16 de julio de 2006. «No falté ni un día al trabajo, ni tuve bajas ni nada. Me dijeron que mi trabajo había sido satisfactorio y me dieron un diploma», relata la mujer.

    Tras esa primera experiencia laboral, el Ayuntamiento la contrató por otro año, el 16 de noviembre de 2006, como oficial de tercera dentro de la tercera tanda del plan de inserción laboral del Ayuntamiento, también como carpintera. El contrato estaba condicionado a recibir el certificado de aptitud del Centro de Valoración de Discapacitados del Principado, que el Ayuntamiento había requerido el 30 de octubre a este organismo. El organismo del Principado emitió su informe el 24 de noviembre, considerándola «no apta» para el puesto de trabajo, tras lo que el servicio de relaciones laborales del Ayuntamiento le comunicó que «de orden de la señora alcaldesa» se procedía a la extinción del contrato el 4 de diciembre pasado. La mujer solicitó un abogado de oficio e interpuso la demanda.

    El juez declaró improcedente el despido. Señala la sentencia: «No obstante el hecho de que la actora hubiese participado en un taller de empleo en carpintería habiendo alcanzado un nivel satisfactorio, según certifican el propio Ayuntamiento de Gijón y el Principado, lo cierto es que por la Consejería de Vivienda» se emite un informe en el que no motiva por qué ahora la discapacitada no es apta para ese trabajo, señala el juez.

  4. La incansable lucha que contra la familia mantiene la izquierda plural que nos desgobierna. El Comercio, 13 de abril de 2007.

    Protesta de las familias numerosas

    La Asociación de Familias Numerosas del Principado de Asturias rechaza la decisión del Ejecutivo de suprimir la puntuación por familia numerosa en el baremo para adjudicar las plazas escolares para el próximo curso. La asociación recuerda que la Ley de Familias Numerosas contempla este criterio para recibir «trato preferente».

    Carta al director en El Comercio de 15 de abril.

    Vida laboral y familiar
    Flor Fernández del Viso Torre/

    Me siento agraviada en el reparto de los incentivos 2006 del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). La injusticia de dicho reparto alcanza un nivel insospechado. Un trabajador que haya estado de alta en la empresa seis meses y otros seis meses en casa sin producir, cobra el máximo para su grupo en lo que a productividad en la empresa se refiere; yo, que tengo una reducción de jornada por cuidado de hijos (que, en teoría, concede la empresa para conciliar la vida familiar y profesional) y que he estado trabajando para esta empresa los 365 días del año, cobro sólo una pequeña parte de dichos incentivos, porque, según entienden, no he producido suficiente al tener que cuidar de mis hijos durante un par de horas al día.

    Lo que no han tenido en cuenta es que el tiempo que cuido de mis hijos me resta del sueldo religiosamente todos los meses y que si sumamos las horas que trabajo al año me paso con mucho de los seis meses.

    Yo les pregunto: ¿son éstas las medidas para conciliar la vida familiar y profesional que tiene programadas el Gobierno del Principado de Asturias?

  5. Sin comentarios. El Comercio:

    Cáritas detecta abandono de empleos entre beneficiarios del salario social

    El sociólogo Antonio Antón Morón dice que si la renta mínima subiera a 500 euros «se erradicaría el 50% de la pobreza de Asturias»

    CH. TUYA/OVIEDO

    Cáritas está detectando abandono de empleos, todos ellos precarios o de la economía sumergida, por algunos beneficiarios del salario social, «puesto que les llega con la cuantía que les paga el Principado». Así lo explicaron a EL COMERCIO los expertos que Cáritas tiene en Gijón, Oviedo y Avilés, que han elaborado su propio balance del primer año de aplicación de la renta mínima en Asturias, que ha llegado a más de 5.000 personas. En su opinión, la nómina mensual es «una buena herramienta para acabar con los casos más graves de pobreza», pero está presentando problemas, tanto de desactivación del empleo -«una mujer, con dos hijos, dejó su empleo de asistenta porque con los 574 euros que le dan ya se apaña»-, como de retrasos en su entrega- «de hasta seis meses»- que agravan algunas patologías, como la ludopatía o el alcoholismo, «ya que, a algunos afectados, les llegan de repente 1.000 euros de varias nóminas retrasadas que gastan de forma inmediata».

    El padrón, imprescindible

    Comisiones Obreras celebró ayer su propia jornada de trabajo sobre la renta mínima, en la que participaron el director general de Servicios Sociales, Comunitarios y Prestaciones, Pedro Rodríguez; el secretario general del sindicato, Antonio Pino; la secretaria de Política Social de CC OO, Ángeles Alegre y el sociólogo y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Antonio Antón Morón. Este último ofreció la ponencia principal y aseguró que «si el salario social subiera a 500 euros se erradicaría el 50% de la pobreza en Asturias».

    El sociólogo negó la desactivación del empleo que plantea Cáritas, «puesto que si a los beneficiarios se les ofrecieran puestos de empleo no precarios con sueldos dignos no vivirían con los 400 euros que supone este salario».

    En su opinión, las comunidades que cuentan con esta ayuda -Asturias, País Vasco, Navarra y Madrid- deberían «flexibilizar los canales de entrada» porque entiende que existen «trámites insalvables, como es el caso del padrón». Cáritas coincide en este aspecto, ya que ha llegado a empadronar a personas en albergues «para que cobren».

    Sin embargo, el Principado rechazó tanto la subida de la renta mínima -Asturias ya ofrece el segundo pago más alto del país-, como la eliminación del requisito de empadronarse «puesto que el efecto llamada traería a personas de todo el país que, además, podrían cobrar en otras comunidades», dijo Pedro Rodríguez. Afirmó que el Principado «ya es muy flexible, puesto que abre esta ayuda a emigrantes retornados, víctimas de maltrato y a jóvenes a los que haya tutelado».

  6. Carta al director hoy en El Comercio.

    Deducciones en el IRPF
    José Luis Álvarez Lauret/

    Llegada esta época del año, Hacienda nos llama a hacer ‘confesión fiscal’. Quienes ya se hayan puesto en sus manos, sea a través del borrador o haciendo uso del programa ‘padre’ vía Internet, habrán podido observar que el fisco, un año más, nos la coloca con la máxima sutileza. Resulta que año tras año y, a pesar de que la inflación no se está quieta, nuestra Hacienda pública parece que ignora el detalle y, un año más, sigue sin actualizar las reducciones de la base imponible en el IRPF conforme al IPC del año anterior, como son el mínimo personal y las reducciones laborales y personales, lo que hace que, por efecto de la inflación, los contribuyentes cada vez tengamos una base imponible más elevada, sin que haya mejorado en absoluto nuestro poder adquisitivo.

    Quienes somos pensionistas vemos cómo el Estado, vía impuestos, nos quita en mayo lo poco que nos aumentó la pensión en el mes de enero. Podía pensarse que este tipo de (llamémosle trucos) eran propios de gobiernos conservadores y muy de derechas, pero es que ahora ya llevan en el poder tres años unos señores que se les llena la boca pregonando a todas horas lo muy socialistas y progres que son, y este tipo de cosas, en mi opinión, demuestran muy poco que eso sea cierto y sí, por el contrario, que una cosa es predicar y otra bien distinta dar trigo. Los discursos mitineros quedan muy bien delante de los fieles seguidores dispuestos a creerse cuanto los líderes de turno quieran contarles; el resto de los ciudadanos, quizás ellos piensen que somos tontos, pero algunos no lo somos hasta el extremo de no distinguir la realidad de la propaganda.

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